El compromiso legal y moral de quienes ejercemos temporalmente un rol en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el de cumplir y hacer cumplir la Constitución y muy particularmente la Ley 64-00. Ambas establecen con claridad que el medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas, que incluye por supuesto la fauna marina, deben ser preservados y defendidos, así como manejados de forma sostenible.

En su artículo 146, la 64-00 establece que el Estado Dominicano asegurará la protección de los espacios que comprenden los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas y garantizará que los recursos acuáticos, geológicos y biológicos, incluyendo flora y fauna comprendidos en ello, no sean objeto de destrucción, degradación, menoscabo, perturbación, contaminación, modificación inadecuada, disminución o drenaje.

En el marco de esa labor, proteger la fauna marina resulta crítico, dado que existen diversas especies en peligro de extinción. Es el caso de los tiburones azules o “tintorera”, quienes se encuentran en la categoría de estar amenazada. Por ende, mediante la Resolución 23/17 se dispuso la prohibición, captura y comercialización de especies de tiburones, rayas, peces herbívoros arrecifales, y erizos, así como sus productos derivados. Atentar contra esto es ilegal y peor aún, arrastra consecuencias nefastas para las cadenas alimentarias del océano.

De ahí nuestra profunda indignación por el asesinato del tiburón azul y sus crías por parte de desaprensivos, quienes le pasaron por encima con varias embarcaciones, hecho ocurrido a mediados de este mes. De inmediato, procedimos a investigar y anunciamos el sometimiento ante la justicia de los responsables, con el firme compromiso de que este hecho no quede impune, y quede de manifiesto que violentar la ley, afectando la fauna marina de nuestros mares, resulta sencillamente inaceptable.

Hay que recordar que el tiburón azul está en en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre sus principales amenazas se encuentran la caza accidental y la actividad humana, lo que calza con este lamentable caso.

Así como hemos actuado con la debida diligencia de investigar y someter, considero lamentable y corta la sentencia de la justicia, la cual fue solo de una garantía económica de 10 mil pesos en efectivo y presentación periódica al capitán de la lancha, acusado de atropellar y matar un Tiburón Azul hembra y sus crías, lejos de las sanciones que sirvan de ejemplo y que la sociedad dominicana espera ante todo lo que sea una violación a la vida marina. Seguimos profundizando las investigaciones.

De nuestro lado, no nos quedaremos de brazos cruzados. Seguiremos batallando en todos los frentes, en defensa de nuestro medio ambiente y recursos naturales, incluyendo la fauna marina.