Con el tizón ardiente del Fondo Monetario sobre sus espaldas, el Gobierno anuncia su intención de flexibilizar la tarifa eléctrica a partir de junio, como forma de reducir subsidios y transparentar costos del siempre ineficiente servicio eléctrico.

Para poder acceder a una nueva revisión del acuerdo Stand by con el FMI, las autoridades aceptan decretar un aumento en el pago del recibo de luz, como fórmula infalible para resolver la dilatada crisis en la industria eléctrica.

Al FMI le interesa que el Gobierno reduzca al mínimo sus transferencias presupuestarias al sector eléctrico que han llegado a alcanzar hasta mil 200 millones de dólares al año, cuestión que sólo se lograría con un sustancial incremento de la tarifa y si se obliga a toda la población a pagar por el servicio.

Por simple ejercicio matemático, parecería razonable el anunciado aumento tarifario y la intención de obligar a la gente a pagar por el servicio de electricidad.

El Gobierno está compelido, sin embargo, a tomar en cuenta también el impacto negativo que tan aislada iniciativa tendría sobre el aparato productivo y la economía familiar.

No se niega la imperiosa necesidad de reducir y focalizar los subsidios al sector eléctrico, de incrementar los cobros y hacer transparente el valor de la tarifa eléctrica.

El FMI y el Gobierno aplican una receta unilateral con severos efectos secundarios y descartan viejas recomendaciones de que la cirugía abarque los contratos de privilegios que amparan a empresas generadoras y productores independientes.

¿Por qué no flexibilizar esos contratos viles o leoninos? ¿Por qué se insiste en pagar por plantas apagadas? ¿Por qué no renegociar el Acuerdo de Madrid? ¿Por qué no reducir el costo real del kilovatio-hora?

No hay dudas de que el tizón ardiente del FMI será colocado sobre el espinazo de la población.