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Héctor García

Caso de federado: en proceso de aclaración

Acontece en la provincia de Azua un escándalo vergonzoso y penoso que tiene de actor principal a un dirigente olímpico del país.

Se trata de Alberto Sánchez, presidente de la Federación Dominicana de Bádminton, a quien las autoridades tienen detenido, acusado supuestamente de violar a una menor de 13 años. El proceso está en vía de aclaración.

Los primeros informes periodísticos dicen que ‘el caso data desde el año 2013 y que al parecer, había sido dilucidado para ese entonces’.

Agrega la prensa que “Alguien interesado ha movido esto” y que “han pasado más de seis años de la presunta agresión sexual’.

Y me pregunto ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Si aconteció el crimen, se llevó a los tribunales y hubo arreglos no penales, el caso no está resuelto.

Muévalo quien lo haga, si el crimen ocurrió, tiene necesariamente que estar en manos del Ministerio Público.

El primer interesado en que se aclare el mismo debe ser Alberto Sánchez, el dirigente olímpico.

La prensa comenta que ‘una de las monjas del colegio San José, de Azua, donde presumo que estudiaba la niña, ha dicho que ese caso fue dilucidado y aclarado”.

La religiosa es muy buen testigo del Ministerio Público y de Alberto Sánchez, también.
Se comenta en Azua que uno de los abuelos de la menor, presuntamente violada, ha sido quien revivió el caso’, a quien se le atribuye preguntar por la cantidad de dinero que maneja la Federación de Bádminton, que preside Sánchez.

Esto último me huele a ‘cuentos de camino’.

De todas maneras, el abuelo tiene todo el derecho de exigir justicia, y debe tener los elementos necesarios probatorios del crimen, porque de lo contrario, se arriesga a otro tipo de caso judicial.

Haya habido o no violación a la ley, la sociedad dominicana, debe ser informada con claridad meridiana de la real situación que acontece.

Lo ideal es buscar que reine la verdad para que no haya injusticia en ninguna de las partes.
Ahora bien, a todos nos conviene que el Ministerio Público de Azua, determine si hay indicios de culpabilidad y si el expediente amerita el proceder de un juez soberano, quien a su vez, impartirá justicia.

La Ley es dura, pero es la Ley.

Por: Héctor García
hectorgarciasr@gmail.com

El Nacional

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