El asesinato a balazos de dos adolescentes perpetrado el miércoles por un oficial de la Fuerza Aérea dentro de una finca localizada próximo a la Villa Panamericana, en la autopista Las Américas, constituye un acto de barbarie que consterna, asombra e indigna a toda la sociedad.

Eduardo Miguel Cabrera, de 15 años, y Yordy Rafael Stewart, de 17, fueron ultimados por el teniente Rafael Pérez Sierra, quien custodiaba ese inmueble de propiedad privada.

Esos muchachos, que se bañaban en un improvisado pozo de agua, sufrieron impactos de bala en la espalda, pecho y cuello, en una agresión salvaje e injustificada del oficial, que luego ocultó uno de los cuerpos en una cueva y lanzó el otro sobre unos matorrales.

Ese militar asesinó a Cabrera y a Stewart por puro placer o saña porque las víctimas no representaban ningún peligro para la seguridad de la finca, por lo que bastaba con conminarlos a abandonar esa propiedad.

Las autoridades están compelidas a investigar con toda profundidad tan horrendo crimen, así como todas las circunstancias posibles que rodean la tragedia.

Fuerzas Armadas y la Jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea están en obligación de explicar por qué un oficial fungía como seguridad o custodia de esa propiedad.

Se creían superados los tiempos aquellos cuando tropas y personal policial prestaban servicios en el ámbito civil como guardianes de hatos y viviendas; espalderos, choferes o en labores domésticas.

En vez de conjurar esa irritante situación, ahora se comprueba que oficiales de las Fuerzas Armadas también realizan ese tipo de actividad absolutamente ilegal y ajena a los cuarteles militares o destacamentos policiales.

El teniente Pérez Sierra no tenía que estar en el lugar donde asesinó a esos dos muchachos, cuyos cuerpos quiso desaparecer de la escena del crimen.

Ante esa tragedia, lo menos que se reclama es que todo militar o policía que cumple tan bochornosas tareas sea retornado de inmediato a sus cuarteles.