El Gobierno se ha decantado, en medio de las presiones para salvar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un incremento de un ocho por ciento en la tarifa eléctrica a partir de junio. Pero puede que el aumento, tormentoso de por sí, sea sólo el preámbulo de otras medidas más drásticas para remover los obstáculos que se ciernen sobre el conflictivo sector.

Los 350 millones de dólares que hay que buscar para completar el subsidio a la electricidad han colocado a las autoridades en una encrucijada. Las opciones más a la mano, como son una reforma tributaria y racionalizar el gasto, incluyendo cobrar el servicio sin excepción a los consumidores, todas tienen un elevado costo político.

No se puede negar el impacto de los precios del petróleo en la economía. Pero el componente político que ha gravitado en torno a la electricidad y todo lo que se relaciona con el hidrocarburo ha restado transparencia y credibilidad a los argumentos del Gobierno para justificar múltiples decisiones.

Ningún otro sector es tan oscuro como el eléctrico. Y no precisamente por los apagones con los que con frecuencia se castiga a la población, sino por mediación de intereses políticos que, según el representante del Banco Mundial, obstaculizan la solución de un servicio vital para la inversión extranjera. Pero no hay garantía ni siquiera para las reglas de juego.

El incremento de la tarifa eléctrica tal vez hubiera podido amortiguarse con un riguroso saneamiento de la nómina pública, que para colmo se ha incrementado con más botellas, controlar la circulación y el consumo de combustibles de los vehículos oficiales y focalizar el subsidio, entre otras medidas.

Inquieta que el alza en la tarifa, que representa un mayor dolor de cabeza para los consumidores que para el Gobierno, se produce cuando el Banco Central da cuenta de que en el primer trimestre de este año la economía sufrió una desaceleración de 3.2 por ciento con relación a 2010, al bajar de un 7.5 a un 4.3 por ciento.

El comportamiento, aunque no es el único elemento, es suficiente para tornar brumosas las perspectivas. Y más de tomarse en cuenta no sólo el incremento en la tarifa eléctrica, sino factores como el alarmante déficit de la cuenta corriente que han señalado algunos expertos, a pesar de la desaceleración de la economía.

La verdad es que el incremento de la tarifa eléctrica figura desde un primer momento entre los requisitos del acuerdo con el FMI. Lo que pasa es que, por tratarse de un trago tan amargo, el Gobierno había maniobrado para dilatar la decisión por el devastador impacto que tendría tanto en el aparato productivo como en el comercio y en el consumo.