El escándalo del denominado caso Senasa 2.0 constituye uno de los episodios más graves de corrupción vinculados al sistema de salud de la República Dominicana.

Resulta profundamente lamentable que profesionales de la medicina, llamados por vocación a proteger la vida y la dignidad humana, se vean involucrados en un entramado de fraude, robo de fondos públicos y violaciones éticas que afectan a más de siete millones de personas vulnerables.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha anunciado la ampliación de las investigaciones, confirmando que médicos, farmacias, centros de salud y otros profesionales están bajo escrutinio.

Se estima que más de cien médicos habrían facturado procedimientos a personas ya fallecidas, indicado tratamientos innecesarios o inexistentes y participados en la adulteración de registros financieros para sustraer recursos destinados a medicamentos y atención médica.

Estos hechos, calificados como “muy, muy, muy graves”, habrían provocado un desfalco superior a los RD$15,000 millones.

No se trata de un caso cualquiera. Mientras algunos se enriquecían ilícitamente, muchos pacientes —especialmente envejecientes— murieron por falta de medicamentos baratos y atención oportuna.

Estas conductas violan de manera frontal el juramento hipocrático y los principios fundamentales de la medicina.

Por ello, los profesionales implicados deben enfrentar no solo sanciones penales ejemplares, sino también consecuencias administrativas y éticas: retiro del exequátur por parte del Estado, inhabilitación para contratar con el sector público, exclusión de Senasa y otras ARS, multas civiles y penas de prisión sin privilegios.

Resulta preocupante la percepción ciudadana de que la justicia podría no actuar con firmeza por redes de protección mutua. Ese temor debe disiparse con acciones concretas.

El Colegio Médico Dominicano ha señalado que esperará las decisiones judiciales para pronunciarse; sin embargo, una vez establecidas las responsabilidades, debe aplicar sanciones disciplinarias severas ya que el gremio tiene el deber moral de preservar la integridad de la profesión.

Si no se imponen sanciones ejemplares y proporcionales a la magnitud del daño causado, se enviará a la sociedad un mensaje devastador de impunidad, normalizando la corrupción y deslegitimando una profesión que se sustenta en la confianza pública.

La falta de consecuencias reales no solo afectaría a las víctimas directas —pacientes que perdieron la vida o fueron privados de atención y medicamentos—, sino también a miles de médicos honestos que ejercen la profesión con ética y sacrificio.