Centenares de abogados han sido propuestos por diversas instituciones de la sociedad para ocupar escaños de jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal de Garantías Constitucionales (TC) y Tribunal Superior Electoral (TSE), clara demostración del interés académico, cívico y político que ha suscitado el escogimiento de esos magistrados.

El presidente Leonel Fernández convocaría la próxima semana al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano a cargo de valorar todas las postulaciones y escoger a jueces de esos altos tribunales en un proceso que la sociedad espera que sea transparente y apegado a la ley.

Con no pocas dificultades el Congreso votó el reglamento del Consejo de la Magistratura y ya se definieron los integrantes que representarán a las mayorías y minorías legislativas y a la Suprema Corte, aunque el senador reformista ha elevado un recurso de inconstitucionalidad bajo el alegato de que ha sido despojado de la curul que cree le corresponde en ese organismo.

El presidente de la Suprema Corte, doctor Jorge Subero Isa, aboga para que los integrantes de ese tribunal sean escogidos entre lo que define como jueces de carrera, aunque decenas de juristas han manifestado su interés de ser seleccionados como magistrados de la SCJ y actuales titulares aspiran a ser reconfirmados en el cargo.

Una piedra en el zapato lo constituye el reparo constitucional de que los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional deben tener menos de 75 años, lo que se considera el derecho sustantivo del ciudadano de poder optar por cualquier cargo público, si posee las condiciones académicas requeridas y posee plenas facultades mentales.

A sectores empresariales y oficinas de abogados se atribuye ejercer presiones ante al CNM para que se escojan a personas de su preferencia o cercanía como jueces de la Suprema Corte o del Tribunal Constitucional, en tanto que del litoral político procuran que magistrados del Tribunal Superior de Elecciones tengan colores de sus respectivas banderías.

Es por eso que se reclama que el presidente Fernández se constituya en ejemplo principal de transparencia al conducir el proceso de selección de los jueces de esas instituciones que representan la plataforma esencial sobre la que descansa el sistema democrático.

A la ciudadanía toda le corresponde dar estricto seguimiento a todo lo relacionado con el escogimiento de los jueces titulares y suplentes de la Suprema Corte, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, porque sería tragedia o fatalidad que burdos intereses políticos y corporativos se repartan esas curules en desagradables piñatas de intereses.