Para que la lucha contra la corrupción sea eficaz, es esencial que se logre la transparencia y la colaboración de los órganos y autoridades competentes, que cada institución concernida cumpla el mandato que le ha sido encomendado, y exista un intercambio real de información.

Por esas razones, el propósito de todas las entidades comprometidas con la fiscalización y el control en el uso de los recursos públicos debe ser asegurar transparencia, a fin de que la ciudadanía confíe en que se promueven la seguridad social y la reducción de la pobreza.

El combate a la corrupción y al abuso de poder, es un desafío fundamental del siglo XXI, esa realidad no es un fenómeno que se limite a una determinada región del planeta. Ocurre tanto en los países en desarrollo como en los denominados países desarrollados.

Por tanto, puede afirmarse con toda propiedad, que ningún país está exento de esos males. Una definición de uso frecuente expresa que por corrupción se entiende “el abuso de un poder o una competencia delegados en provecho propio”, o sea, para obtener beneficios personales se sacrifica el bien común.

Como se puede observar, no se trata de un asunto exclusivo de la administración publica, sino que afecta también al sector privado. Ahora bien, la corrupción no es un fenómeno de nuestro tiempo, sino que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, adoptando diferentes formas de manifestarse.

La auditoria gubernamental, como la que ejecutan la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la Republica y otras instituciones de control social, crea transparencia y controles preventivos apropiados para impedir el abuso ante citado.