Tres supuestos organizadores de viajes de ilegales a Puerto Rico fueron condenados a diez años de prisión cada uno por un tribunal de La Altagracia, tras ser detenidos por la Armada Dominicana.
Carlos Rodríguez Mercedes, Nelson Rojas y Pascual Güíllamo, fueron acusados por el tribunal jurisdiccional de Higüey, de violar la ley 137-03, que castiga el tráfico ilícito de personas.
Los tres deberán cumplir la condena en el Centro Correccional y de Rehabilitación de Personas Anamuya, en la misma provincia.
Tanto Carlos Rodríguez como Nelson Rojas son definidos por las autoridades y la Armada Dominicana como reconocidos traficantes de ilegales a Puerto Rico, mientras que Pascual Güíllamo, servía como reclutador de las personas interesadas en viajar a la isla.
Se dijo que uno de los últimos viajes clandestinos detectado por la Armada Dominicana a los tres condenados, se trató de 42 personas que eran transportadas en una yola de 30 pies de eslora, interceptada por la institución en alta mar.
De acuerdo a los informes, en el transcurso del presente año, más de setenta supuestos traficantes y capitanes de yolas, han sido sometidos a la justicia por la Armada Dominicana y que muchos de ellos guardan prisión en diferentes cárceles.
Se dijo que ha sido muy positivo el apoyo que las autoridades judiciales de diferentes jurisdicciones, dan a la Armada en la lucha que mantiene la institución contra los viajes ilegales a Puerto Rico.
Para lograr conquistar a las personas, los organizadores de los frustrados viajes, le pintan maravillas de Puerto Rico y que una vez lleguen a la isla tendrán trabajo con pagas de hasta dos mil dólares semanales.
Muchas de las personas que deciden arriesgar sus vidas en el mar, no logran conquistar su sueño porque cuando no es que son dejados abandonados por los traficantes, las embarcaciones naufragan dejando consecuencias lamentables o simplemente las yolas son interceptadas por la Armada.
En ocasiones, muchas de las personas conquistadas por los traficantes de viajeros ilegales a Puerto Rico, venden parte de sus pertenencias o toman dinero prestado para reunir las sumas exigidas por los grupos que siempre sobrepasan los 300 mil pesos.
