MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) y la Real Academia Española (RAE) firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual el TC se adhiere a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la RAE. La iniciativa busca promover la accesibilidad del lenguaje en la comunidad hispanohablante y fortalecer los valores democráticos.

El convenio fue suscrito por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, y Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, en la sede de esta institución. La RAE destacó que su objetivo es «velar por que la lengua española, en su adaptación a las necesidades de los hablantes, conserve su unidad esencial».

Con esta adhesión, el TC reafirma su compromiso con los principios constitucionales, facilitando que los ciudadanos comprendan las normas y leyes en todas las naciones de habla hispana.

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La alta corte colaborará en proyectos que promuevan el uso del lenguaje claro, especialmente en el ámbito de la justicia constitucional, y apoyará la incorporación de nuevas instituciones a la red.

El TC y la RAE desarrollarán acciones concretas para cumplir los compromisos del acuerdo, incluyendo iniciativas dentro de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

La firma tuvo lugar en el marco del 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional sobre los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, con la participación de una delegación del TC integrada por los magistrados José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Army Ferreira, así como directoras de Relaciones Internacionales y de Despacho de Presidencia.

La Red Panhispánica, creada oficialmente en junio de 2022 en Santiago de Chile, busca fomentar el lenguaje claro como base de los valores democráticos y promover la colaboración entre autoridades y sociedad civil. Está abierta a todas las instituciones públicas o privadas interesadas en fortalecer la accesibilidad y comprensión del lenguaje en la vida pública.

El Tribunal Constitucional, órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en la República Dominicana, fue establecido por la Constitución del 26 de enero de 2010. Su misión es garantizar la supremacía constitucional, proteger los derechos fundamentales y asegurar el cumplimiento del orden jurídico.

Las decisiones del TC son definitivas e irrevocables, y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El tribunal mantiene su autonomía frente a los demás poderes públicos y organismos del país.