La decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de declarar inadmisible el recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y la Junta Central Electoral (JCE) por los fondos que le correspondían este año, se basó en que los partidos no lo hicieron en el plazo de los 60 días que establece la Ley 137 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales del 20 de junio de 2011.

En su dispositivo de sentencia el TSA rechaza la excepción de inconstitucionalidad planteada por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD), contra el artículo 51 de la Ley 80-23, de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario 2024.

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Por un descuido de los partidos de oposición se le venció el plazo para recurrir ante la alta corte la decisión del gobierno de no contemplar en la Ley 80-23 General de Presupuesto del año 2024 el doble del monto de lo que le correspondía a los partidos políticos, por ser este un año electoral.

De acuerdo a la ley, presupuesto fue convertido en ley el 20 de diciembre del año pasado, por lo que los partidos debieron hacer sus reclamos antes del 20 de febrero del 2024, pero no lo hicieron.