Las empresas de servicios turísticos han destruido la mitad de los manglares, cuyo valor es inmenso.

Han diezmado los corales y afectado la flora y la fauna marina. Han privatizado las mejores playas del país.

Sus resorts y edificaciones inmobiliarias toman más playas de las permitidas por las normas establecidas y hacen enormes fortunas con la explotación de costas hermosas, sol, mares y seres humanos que no son de su propiedad.

El Estado y los medios se muestran indiferentes a todo esto. A los negocios turísticos, en manos de élites capitalistas, no les critican ni le cobran sus depredaciones.

Tienen licencia para apropiarse de las costas, dañar la naturaleza y sobreexplotar a los trabajadores/as del sector, una parte significativa de inmigrantes haitianos.

Sus propietarios y operadores amasan enormes fortunas en ese y en múltiples negocios conexos, mientras los salarios de gran parte de los 250 mil trabajadores y trabajadoras que emplean, eran y son miserables, antes y después de los recientes aumentos.

Los/as trabajadores/as que devengan salarios mínimos del sector son la gran mayoría de los 250 mil que emplean sus hoteles, restaurantes y bares; y reciben ingresos que no llegan a la mitad del costo de la canasta familiar, aun sumándole el aumento espectacularmente anunciado de un 30 % a los hoteleros y un 25 % a los empleados de bares y restaurantes.

El aumento es en dos partidas, una este año y otra el año que viene. A los hoteleros, con el primer aumento, le sube a 19,320 pesos mensuales; y a los de bares y restaurantes, les sube a 16 mil pesos.

Si se calcula el alza de los alimentos, alquileres, transporte, medicina, agua… en los meses comprendido dentro del aumento anterior y el actual, y posiblemente entre éste y al venidero (2026), no es difícil de apreciar que este anuncio tiene demasiado de farsa, dado que la canasta familiar ya supera los 45 mil pesos mensuales y sigue subiendo.

Claro, todo esto se explica porque la familia presidencial y no pocos altos funcionarios de este régimen tiene fuertes intereses y grandes apuestas en el negocio del turismo y no pocos de los principales multimillonarios del país dominan el sector y sus aeropuertos; además de tener el control directo del mismísimo ministerio del ramo, del Ministerio de Medio Aambiente y de todo el Gobierno, corporaciones y entidades relacionadas con la explotación de la naturaleza no humana y la gestión de una economía, partidos políticos y administración estatal altamente privatizadas.

Algo que viene de atrás y se sigue agravando.