El aumento en el impuesto por renovación de placa o a la circulación de vehículo que aplicará el Gobierno a partir de agosto es exagerado, abusivo, altamente lesivo al presupuesto familiar e incompatible con el ineficiente y agobiante servicio de transporte público que se ofrece a la ciudadanía.

Los propietarios de automóviles o yipetas con hasta 13 años de uso sufrirán un incremento por impuesto de placa entre un 25 y un once mil por ciento, lo que representa un acto de piratería impositiva, pues la nueva ley penaliza a una familia por mantener por más de un decenio su medio de transporte.

Se pretende mercadear este despropósito bajo el argumento de que los vehículos de lujo pagarían mayor gravamen, pero proporcionalmente, los carros o vehículos de carga utilitaria pagarían hasta más del doble, como lo demuestra el ejemplo de un automóvil de 1300cc del 2008, cuyo impuesto a pagar aumenta de RD$1,200 a RD$3,535.

Es el caso también de una yipeta del 2009, usada por familia de moderados ingresos, que tributará un cien por ciento más que el año pasado, en tanto que ese mismo tipo de vehículo adquirido este año bajo la reducción de tasas de interés auspiciada por el Banco Central, deberá pagar casi diez mil pesos adicionales, como para que se cumpla el dicho aquel de que lo que no se va en llanto se va en suspiro.

Las importaciones de vehículos de lujo están gravadas con un impuesto selectivo al consumo, con lo que se entiende el Estado penaliza el uso de este bien, pero ahora se le agrega un gravamen adicional para poder circular que en algunos casos superaría los 250 mil pesos, lo que se estima exagerado e injusto.

Esa misma clase media ha sido ya penalizada por la mentada reforma fiscal de 2012, con impuestos que gravan los ahorros bancarios, los inmuebles familiares, los alimentos, la electricidad, la matrícula escolar, las bebidas, los combustibles, el servicio de agua potable, además de tener que sufragar vigilancia privada para evitar -no siempre con éxito- robos, atracos y asaltos.

De un solo cantazo, se aumenta de manera descomunal el impuesto a la renovación de placas, en un país donde literalmente no funciona el transporte público, lo que obliga a la gente a agenciarse de un vehículo para poder llegar a tiempo a sus labores cotidianas, esfuerzo al que también el Gobierno pretende sacarle beneficio excesivo.

Lo menos que se reclama es que la Dirección de Impuestos Internos revise las reales posibilidades de aplicar tan oneroso gravamen y bajo el criterio de que nadie está obligado a lo imposible, se busque un bajadero que evite esa puñalada trapera contra la población.