Oficialmente frente al mundo, quienes administran el Estado dominicano reconocieron haber violado los parámetros de la sensibilidad humana cuando la Dirección General de Migración, DGM, declaró que, nuestro país deportó a Haití a cientos de mujeres embarazadas en los últimos días. De acuerdo a esta Dirección, las deportaciones se realizaron “con todo el respeto a los derechos humanos y con todas las garantías al debido proceso», y eso, no es cierto. Bajo el alegato de que la responsabilidad es “proteger a nuestros ciudadanos”, se acaba de cometer la violación a los derechos básicos de cientos de mujeres migrantes y la administración del Estado dominicano tendrá que enfrentarse a los tribunales internacionales.

Conocemos las razones por las que las mujeres haitianas migran a la R. Dominicana, cómo su pobreza y la necesidad de sobrevivencia las empuja al peor de los tránsitos aún en estado de mayor vulnerabilidad. Una inseguridad agravada por prácticas sexistas de discriminación, por ser mujeres pobres y absolutamente necesitadas. Pero, la situación de las migrantes, de manera universal, encuentra protección a través de diversos instrumentos internacionales acordados, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos, o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; por nombrar algunos.

Y en este caso, es necesario aclarar que se cometió Violencia Obstétrica desde el Estado que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, es “la que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos”, una violencia estructural, institucional, basada en el género y contra las mujeres que, en este caso, se expresó en un trato absolutamente deshumanizado con consecuencias individuales seguramente devastadoras en estas víctimas.

Ni los argumentos de funcionarios, contando los miles de millones que se gastan aquí con las parturientas haitianas, ni las cifras manipuladas, ni los argumentos nacionalistas trasnochados, valen ahora frente al terrible atropello que descarnó lo peor del Estado dominicano: ir a centros de maternidad, arrestar a una mujer migrante en plena labor de parto y llevarla a un centro de detención para deportarla.

Un crimen gravísimo.