Ministerio Público y Policía parecen haber esclarecido el atentado criminal perpetrado el 2 de junio de este año contra el abogado y comunicador Jordi Veras, del que se acusa a supuestos sicarios que habrían sido contratados por el empresario Adriano Román, quien cumple condena de 20 años de prisión por el intento de asesinato de su ex esposa, acción encomendada también a matones.

La aparente solución a ese crimen que consternó a la sociedad dominicana se ha logrado como resultado del desmantelamiento de una banda dedicada a grabar parejas en moteles para luego extorsionarlas, y cuyos integrantes se afirma que operaban también como red de sicarios que según las autoridades fueron contratados para asesinar al jurista santiaguero.

El decomiso de una grabación de una conversación sostenida por Román con la persona que se afirma contrató a los sicarios, parece ser la prueba mayor contra el grupo de cuatro individuos sindicados como autores materiales del hecho, entre los que figuran un ex primer teniente y un ex sargento de la Policía.

El abogado Ramón Antonio Veras (Negro), padre del profesional baleado, cree que en el intento de asesinato participaron otras personas, por lo que las autoridades no deberían cerrar tan complejo expediente, en el que además de identificar a supuestos culpables se consigna el desmantelamiento de una banda de sicarios con conexiones foráneas.

Esa banda de sicarios y extorsionadores, disfrazada en una agencia de detectives, tenía un amplio catálogo criminal, lo que obliga al Ministerio Público y a la Policía a ampliar las pesquisas a los fines de ubicar otros socios, algunos de cuyos nombres podrían resultarles familiares a propios investigadores.

Se saluda el anuncio del procurador general, de la fiscal de Santiago y del jefe de la Policía sobre el esclarecimiento del intento de asesinato contra el doctor Veras, cuando el profesional arribaba a las instalaciones de un canal de televisión, en Santiago, pero se aconseja seguir escarbando entre la podredumbre en la seguridad de que encontrarán más gusanos.

No es posible creer que esa red de sicarios y extorsionadores habría limitado sus tenebrosas acciones sólo a espiar parejas en moteles o cometer un único intento de asesinato por el pago de un millón 500 mil pesos. La historia de terror no parece concluir en esos episodios.

Fiscalía y Policía deberían aprovechar el éxito que se atribuyen por el esclarecimiento de ese caso y atreverse a llegar más lejos. Un poco más.