El gobierno del presidente de la República, Danilo Medina, rechazó firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Regular y Ordenada, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, por considerar que el convenio contiene cláusulas que resultan contrarias al interés nacional y podría socavar su capacidad para controlar sus normas migratorias.
Hay que saludar la decisión del jefe de Estado que escuchó los clamores nacionales, a fin de no adherirse a un Pacto que atenta contra la soberanía y los intereses del país, en un momento en que estamos inundados de haitianos ilegales que mancillan nuestro suelo y que constituyen un serio obstáculo para la convivencia pacífica entre los nativos.
La República Dominicana es el primer país de América Latina en anunciar que no se suscribirá al Pacto Migratorio que atenta contra la soberanía nacional y el respeto a las leyes migratorias y las normas para concesión de residencia y nacionalidad.
Anteriormente, varias naciones decidieron no firmar el Pacto, entre ellas figuran Estados Unidos, Hungría, Australia, Austria, Bulgaria, Israel, Polonia, la República Checa e Italia. Ha trascendido que más de una decena de países adoptarán la misma decisión por considerar que limitaría su capacidad de dar respuesta a los problemas que ocurren en sus fronteras.
La firma de ese pacto pudo haber hundido a la República Dominicana, pues el mismo obliga a los Estados a dotar de identidad a los inmigrantes indocumentados e incluso concederles residencias y hasta regalarle la nacionalidad, en violación a nuestras leyes adjetivas y la Constitución de la República.