Mi experiencia de más de 18 años servidos a la administración pública y 12 en el sector privado, me proporcionan el suficiente aval como para hacer algunas puntualizaciones y observaciones que muchos quizás no hacen por miedo o complicidad.

No me la doy de Fouché contemporáneo ni de “come candela”, Dios me libre; pero sucede que como este es un país que fue sometido a unos 30 largos años de dictadura cualquier ejercicio de un derecho que se haga pudiera ser visto como una temeridad o un argumento de agitación política. Pero total, poco me importa.

De manera que, haciendo uso de un derecho establecido en la Constitución dominicana, la cual se fundamenta en un Estado Social, Democrático de Derecho, me permito observar acciones nocivas que laceran nuestras cuentas nacionales.

Por ejemplo, es inaceptable que en las distintas dependencias autónomas, centralizadas y descentralizadas, sus incumbentes aún conserven niveles de discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos no supervisados por la Tesorería y la Contraloría Nacional.

Asimismo, es irritante que en este país, los ministros, directores generales y otros funcionarios de las distintas entidades públicas, de administraciones de gobiernos del pasado o el presente, hicieran o hagan uso discrecional de ingresos que son recaudados por servicios internos que se ofrecen y que están fuera del Presupuesto Nacional.
Hay que ponerle atención a eso, no debe haber vacas sagradas y menos permitir que los recursos por ese u otro concepto, estén sujeto al capricho y la voluntad de un funcionario