La sentencia judicial que dispone la inmediata reapertura del Canal 53 de Cibao TV Club, cerrado por el Instituto de las Telecomunicaciones (Indotel), constituye un acto de justicia y un triunfo de la libertad de expresión bien entendida.
Ese canal de televisión fue clausurado el 26 de marzo por el Indotel en base a un subterfugio administrativo con el que se pretendió ocultar un burdo acto de censura e intolerancia política.
La juez Rosmerys Veras, presidente de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, ha ordenado también la devolución de los equipos de ese canal incautado por el órgano regulador de las telecomunicaciones.
El Indotel pretendió suplantar a los tribunales de justicia al disponer una acción ilegal y represiva contra un medio de comunicación por cuya señal se transmiten programas contestatarios a políticas oficiales.
Si algún periodista o comentarista pronuncia o difunde expresiones o datos considerados difamatorios o afrentosos, las personas o entidades afectadas deben recurrir a los tribunales, a los fines de reclamar sanciones penales y reparación civil.
Lo que resulta inaceptable es que una institución oficial, como el Indotel, se crea con facultad para cerrar de manera caprichosa canales de televisión o emisoras de radio con el sólo propósito de silenciar la disidencia.
La decisión de la juez Veras subsana un burdo abuso de poder que convertiría el estatuto constitutivo del Indotel en una especie de ley mordaza.
Se censura que ese organismo oficial no haya cumplido de inmediato con el fallo que ordena reabrir el canal y devolver a sus legítimos propietarios los equipos incautados.
Esa sentencia, reivindica el inalienable derecho a expresarse libremente, conculcado por el arbitrario cierre de ese canal de televisión.
El Nacional cree haber cumplido con su deber al denunciar ese cierre como un abuso de poder y reclamar su reapertura como ha ordenado la justicia.

