República Dominicana no cuenta con capacidad tecnológica para procesar el plomo que generan baterías usadas que circulan en todo el territorio nacional.

El director del Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) consideró como un absurdo pretender prohibir la exportación de baterías usadas por diez años, como propone un proyecto de Ley presentado en el congreso Nacional por el diputado perredeista Carlos Gabriel García.

El doctor Conrado Deprat explica que resulta imposible procesar en la República Dominicana el plomo que se genera de todas las baterías usadas que circulan en el país.

Manifestó que todo el plomo que se exporta desde la República Dominicana sale bajo una regulación, producto del tratado de Basilea, del cual el país es signatario.

Dijo no entender porque el legislador Gabriel García incluye en su proyecto prohibir la exportación de material no ferroso.

A pesar de que aquí hay una empresa que puede reciclar baterías, esa medida de prohibir la exportación es estupida, porque lo que hay vigilar es el problema del robo de metales y el cobre, ya que aquí llegó un momento en que la República Dominicana exportaba más cobre que Chile, producto del robo de cables.«

El catedrático universitario expresó que el negocio de la exportación de baterías genera millones de pesos, ya que el 65 % de todas las usadas que se mueven en el país son exportadas a China o Corea del Sur.

Informó que esa entidad, con la cooperación del BID ya tiene listo un manual que trata sobre el manejo, transporte, almacenamiento y reciclaje de baterías en la República Dominicana.

Aseguró que ese manual preparado por la UASD, será entregado a las autoridades de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente.

«Lo que pretendemos con esto, es que esos entrenamientos que se ofrecerán puedan llegar a todo el que maneja el asunto de baterías en el país, para evitar el trabajo rudimentario y sin los controles necesario, como está ocurriendo actualmente«, señaló.

Recientemente, el diputado Carlos Gabriel García presentó un Proyecto de Ley en la Cámara de Diputados que prohíbe por un periodo de diez años la exportación de chatarra y desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos y los que provengan de procesos de fundición.

El proyecto todavía no ha sido colocado en la agenda del día, pero fue enviado a comisión. Se desconoce cuando será conocido formalmente por la Cámara de Diputados.