Santo Domingo.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, consideró hoy que el proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial ameritaba de una preparación y una labor gradual por las limitaciones existentes.

La magistrada espera que la iniciativa agilice los procesos “no que una cuestión resulte más larga cuando es digital”.

“La cuestión digital es una gran ventaja, lo único que yo digo es que eso ameritaba una preparación y una labor gradual, porque todos conocemos de las limitaciones en el conocimiento de esa materia tiene la generalidad de las personas, pero espero que esa medida agilice los procesos, no que una cuestión resulte más larga cuando es digital”, explicó la magistrada durante un encuentro navideño con periodistas.

Precisó que la única ventaja que le ve a las audiencias virtuales es que no pone a una víctima estar de “ahí, ahí” con el victimario.

Sostuvo que en la actividad delictual influyen muchos factores, que no todos le corresponden al aparato judicial, donde hay gente excluida y con un limitado acceso a la educación y que implican un largo tiempo de trabajos.

Rechazo

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) explicó que el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales viola varios artículos de la Constitución y derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justicia, durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Diputados que estudia dicha pieza encabezada por Rogelio Genao Lanza.

Surún Hernández, quien asistió a la consulta en compañía de otros miembros del gremio, indicó de manera escrita y verbal que dicha pieza elaborada y depositada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios.

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Agregó que dicho proyecto en sus artículos 11.2, 13, 14 pretende quitarle facultades al Congreso a través del establecimiento de la Ley Habilitante, con el objetivo de que el mismo ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas.