La acusación que pesa contra el exministro José Ramón Peralta, imputado en el caso Calamar, está sustentada en delaciones premiadas hechas por personas que negociaron con el Ministerio Público para ser excluidas del expediente, según expuso su defensa en el juicio preliminar que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Pedro Balbuena, abogado de Peralta, dijo que, con base en esas delaciones, el Ministerio Público ha manipulado la acusación con el fin de dañar la reputación de su defendido.

Declaró que la acusación se basa en una construcción de hechos que no coincide con las evidencias físicas y documentales recolectadas por el ente acusador.

Dijo que eso evidencia una manipulación de la historia procesal para intentar establecer una culpabilidad sin respaldo en pruebas fehacientes.

Balbuena precisó que la acusación se sostiene sobre los testimonios contradictorios de Francisco Pagán y del empresario Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, este último delator premiado en los años 2021 y 2022.

Subrayó que la delación “premiada” de Ventura Rodríguez en 2021 fue ocultada por el Ministerio Público dentro del expediente del caso Antipulpo, causa distinta a la de su cliente, con el fin de evitar que la defensa tuviera acceso a una versión que contradice los hechos imputados actualmente.

Sostuvo que la presentación de una segunda versión en 2022, ajustada a la tesis acusatoria, evidencia un manejo irregular de la prueba y un fraude procesal, ya que el órgano acusador habría omitido información vital que favorecía la presunción de inocencia del exministro para sostener un montaje judicial.

Para la defensa de Peralta, el caso no es más que una “evolución narrativa” que busca dar una apariencia de legalidad a una acusación que, en la práctica, carece de facturas, registros o evidencias físicas de los supuestos movimientos de dinero.

Argumentó que la acusación busca “concretar” delitos de asociación de malhechores basándose en un diseño que parece más un guion de ficción que un expediente judicial robusto.

Dijo que la acusación sufre de una “autorreferencialidad” peligrosa, donde el testimonio de un imputado se utiliza para validar el de otro, sin que existan pruebas externas que sostengan las historias de supuestos pagos ilícitos.