Santo Domingo.-Las criptomonedas y el crimen organizado constituyen un desafío para el Ministerio Público y las autoridades monetarias, ya que en un año solo una organización dedicada a esa práctica movió 148 millones de dólares sin dejar rastro y sin ningún tipo de regulación en el sistema financiero.

Para los investigadores del Ministerio Público este sistema de pago es utilizado para cometer acciones delictivas y su persecución resulta difícil de detectar porque se realizan fuera de los bancos y no dejan huella.

En la mayoría de los casos el órgano acusador dice haber encontrado que los investigados mueven cientos de millones a través de las criptomonedas.

Este sistema de pago constituye un gran desafío para las investigaciones y para el sistema financiero formal porque es un mercado que no tiene regulación.

Sus operaciones no requieren de la debida diligencia, por lo que no deja rastros formales, no tiene oficiales de cumplimiento, no paga impuestos y no genera alerta de transacciones sospechosas, en fin, opera en las sombras.
En el país hay cajeros que operando bajo esa modalidad.

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El Ministerio Público ha desmantelado la red que cometía delitos a través de ese sistema y sus integrantes son procesados por estafa, lavado de activos y narcotráfico.

“En esa investigación encontramos que sacan millones de dólares del país bajo esa modalidad”, aduce el MP.
Caso insignia

Uno de los casos insignia de los delitos cometidos en el país con criptomonedas lo constituye el del brasileño André Feitosa, acusado de estafar a cientos de personas a través de negocios piramidales, y de la empresa Free y My Trade Coin.

Estas empresas supuestamente utilizaban las criptomonedas para hacer sus transacciones, lo cual está prohibido por las autoridades monetarias dominicanas.

Feitosa fue acusado junto al colombiano Eduardo Gómez Atero y otras personas.

Fue apresado en agosto de 2018 por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) mientras circulaba en las calles del Distrito Nacional en un Ferrari deportivo, junto al colombiano Eduardo Gómez Mateo.

El Ministerio Público presentó en el proceso contra Feitosa más de 100 querellantes que supuestamente entraron como inversionistas al negocio virtual y depositaron sumas de dinero, luego de que se les prometiera que al cabo de 15 días se duplicaría la cantidad invertida, pero alegadamente resultaban estafados al no poder retirar el dinero que habían invertido ni las ganancias.

Al imputado le fue incautada una villa en Punta Cana, un lujoso vehículo, cuentas bancarias y otros objetos de valor.

El 4 marzo de 2019, la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Janibet Rivas, declaró complejo el proceso contra Feitosa Santos, acusado junto al colombiano Gabriel Gómez de supuestamente estafar más de 100 personas a través del negocio piramidal.

En las investigaciones que realizó la Fiscalía se puede apreciar que el esquema de negocio era muy similar al que tienen otras pirámides de inversión. Los acusados se encargaban de promocionar al público, por medio de redes sociales y otros medios de publicidad, una “oportunidad única de negocio” para hacer dinero mediante criptomonedas.

Los inversores se veían tentados ante la innovación de las criptomonedas, así como su visible volatilidad y procedían a entregar el dinero a los estafadores bajo la promesa de “duplicarlo”.

También se les ofrecían importantes bonificaciones para incentivar la inclusión de “socios” dentro de los esquemas de “inversión”.

Una criptomoneda es un sistema de pago digital que no depende de bancos para verificar transacciones. Es una operación entre pares que puede permitir que cualquier persona en cualquier lugar pueda enviar y recibir pagos. Utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de punta.