Un informe del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, sitúa en once millones el número de indocumentados que viven en Estados Unidos, de los cuales más de un 50 por ciento corresponde a ciudadanos mexicanos, 15 % a centroamericanos, 14 % a asiáticos y un 2 % a dominicanos.

La cantidad de inmigrantes dominicanos con estatus irregular en esa nación se estimó en 2022 en 230 mil, ínfima en relación al estimado de residentes irregulares y a la totalidad de la diáspora nativa en Estados Unidos, de casi tres millones de personas, conglomerado reputado como de gente trabajadora.
El presidente Donald Trump dispuso el cierre a los inmigrantes de la frontera con México donde ordenó concentrar más de mil 500 tropas para proceder a deportaciones masivas de extranjeros que intentan ingresar a territorio estadounidense, aun los que solicitan asilo humanitario.

También autorizó a los agentes de Inmigración a apresar indocumentados dentro de escuelas, iglesias y hospitales, y a los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia y de Estado a “que tomen todas las medidas necesarias para repeler, repatriar y expulsar inmediatamente a los extranjeros ilegales a través de la frontera sur”.

El mandatario ordenó a los fiscales federales que investiguen a cualquier funcionario estatal o local que interrumpa o se interponga en el camino de las nuevas medidas, lo que supone una respuesta ante la advertencia de gobernadores demócratas de que no respaldarían esos operativos de repatriaciones.
Queda pendiente la demanda incoada por 22 estados contra la orden ejecutiva de Trump que elimina el derecho a la nacionalidad a hijos de residentes irregulares nacidos en Estados Unidos, que fue establecido en la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución.

Tal parece que el retornado inquilino de la Casa Blanca está decidido a repatriar a millones de extranjeros sin papeles, en lo que sería la más grande ofensiva migratoria en la historia de esa nación, sin que se ofrezcan seguridades de que serían respetados derechos de los repatriados.

México sería la nación más afectada por el acelerado programa de repatriaciones, toda vez que más de seis millones de residentes ilegales corresponden a mexicanos, y porque a través de su frontera serían expulsados miles de centroamericanos y venezolanos que arribaron en caravanas con el objetivo de lograr el malogrado sueño americano.