Caracas.– A 16 días de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos, el panorama político, social y económico en Venezuela sigue marcado por la incertidumbre y cambios limitados en la gestión interna, según reportes de medios internacionales y organizaciones de derechos humanos.
El mandatario y su esposa fueron capturados en Caracas por un operativo militar estadounidense el 3 de enero de 2026, y trasladados a Nueva York para enfrentar procesos judiciales por cargos federales relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas. El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado el arresto y que Maduro ha comparecido ante tribunales en ese país.
Liberación de presos y divergencia en cifras oficiales
Uno de los anuncios más visibles del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha sido la liberación de un número de presos desde que asumió funciones tras la captura de Maduro. Las autoridades venezolanas han reportado la excarcelación de un grupo de reos, incluyendo lo que han descrito como presos políticos, como parte de una iniciativa de “gesto político”.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han cuestionado esas cifras, afirmando que el número de liberaciones es mucho menor que lo anunciado oficialmente. Según datos independientes, solo unas decenas de presos han sido efectivamente liberados, entre ellos algunos considerados políticos, mientras que cientos permanecerían detenidos.
Situación interna y demandas sociales
Aun con los cambios que han tenido lugar en el gobierno, la población venezolana enfrenta dificultades cotidianas. El acceso a medicamentos sigue siendo limitado, especialmente para personas de escasos recursos, y pensionados continúan demandando incrementos en sus beneficios para poder cubrir sus necesidades básicas.
El contexto económico y social sigue reflejando tensiones derivadas de años de crisis, con una inflación persistente y servicios públicos deficitarios, lo que mantiene la presión sobre la población civil.
Medidas políticas y cambios en el gabinete
La administración de Delcy Rodríguez ha adoptado diversas decisiones para reorganizar el gobierno y responder a las críticas internas. Entre ellas está el nombramiento de nuevos funcionarios, incluyendo un presidente del Banco Central y un vicepresidente con amplia coordinación de políticas económicas, así como la designación de nuevos jefes militares y funcionarios de alto perfil en la estructura estatal.
Asimismo, Rodríguez designó al diputado Juan Escalona como ministro de la Presidencia y Supervisión de la Gestión Gubernamental, un cargo clave en la gestión actual. A la vez, figuras de relevancia, como el mayor general Vladimir Padrino López, continúan al mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Analistas señalan que estos cambios buscan consolidar el liderazgo institucional y mostrar estabilidad en medio de una coyuntura política y social delicada.
Futuro energético y negociaciones con petroleras
La captura de Maduro y la transición de poder también han reactivado el debate sobre el futuro de la industria petrolera venezolana, una de las más importantes del mundo dadas sus reservas de hidrocarburos.
Se han reportado contactos exploratorios entre representantes del gobierno interino y grandes empresas energéticas internacionales, con miras a redefinir el rumbo de la producción y comercialización de crudo, cuya extracción actualmente se encuentra en uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas.
Tensiones diplomáticas y contexto internacional
La situación venezolana no solo se limita a la esfera interna. Países de la región y gobiernos globales han emitido reacciones diversas sobre la intervención estadounidense y el proceso que se vive en Caracas. El panorama geopolítico continúa siendo complejo, con tensiones sobre la legitimidad del gobierno interino y la respuesta a las actuaciones judiciales en Estados Unidos.
A más de dos semanas de la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos, Venezuela sigue enfrentando una mezcla de cambios políticos cautelosos y realidades sociales difíciles. Las cifras oficiales sobre liberaciones de presos han sido puestas en duda por organizaciones independientes, y las demandas económicas y de derechos humanos persisten. El país continúa en un periodo de ajuste interno, mientras es observado de cerca por la comunidad internacional.
