Hay grandes verdades de la democracia que, al convertirse en grandes mentiras por ignorancia cívica, terminan en un gran dolor de cabeza para este sistema, como es el caso de la corrupción, la impunidad y sus grandes secuelas, expresadas en la inseguridad ciudadana generada por la violencia, la delincuencia, el contubernio y la desconfianza generalizada, cosas que ponen a dudar a muchos sectores de la población, hasta llegar a preferir una dictadura. Algo insólito, pero real.
Parte del problema es que hemos prostituido el mejor sistema de gobierno que tiene el mundo, haciendo mal uso de la libertad que este entraña, al burlar principios que deberían ser celosamente conservados y aplicados de manera inalterables, como serían los referentes a la “soberanía popular”, “la práctica de la democracia interna y la transparencia”, así como el “control y fiscalización de los fondos públicos”, todos contenidos en nuestra Constitución.
De la soberanía popular nos habla el art. 2 de nuestra Ley fundamental, al expresar que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”. A esto no se le da cumplimiento. Y no se cumple, porque al “pueblo” no se educa en valores cívicos, éticos y patrióticos, como lo establece la Ley 33-18 en su art.34.
De igual manera, en los partidos políticos no se lleva a cabo “la práctica de la democracia interna y la transparencia”, como muy bien lo ordena el art. 216 de nuestra Carta Magna y lo exige el considerando tercero de la referida Ley de Partidos, el cual señala que “La sociedad dominicana demanda una mayor calidad del sistema democrático y del ejercicio político que le concierne, para lo que se requiere del fortalecimiento institucional de los partidos…”
Del “control y fiscalización de los fondos públicos” nos habla de manera taxativa el art. 246 de la Constitución vigente, al señalar que “El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.
Entre los mecanismos establecidos por las leyes están los de los artículos 243 y 244 de la Ley 176-07, que es la Ley de los Ayuntamientos.
Estos dos artículos nos tratan de la fiscalización y control de las obras en los ayuntamientos, como es el caso de lo contenido en la letra h) del art. 244 que dice, el Comité de seguimiento de las obras puede “Denunciar los incumplimientos al Plan Participativo de Inversión Municipal acordado en el proceso de Presupuesto Participativo, así como las anomalías e irregularidades que se cometan”.
Estas grandes verdades, ocultadas por los partidos, a los votantes, son aprovechadas por los bolsillos de los corruptos y narcotraficantes, para comprar las voluntades hambrientas el día de las elecciones, y así reproducir la corrupción, la impunidad. ¡Alto! ¡Hay que educar en valores…Ya!
Por Andrés Fortunato Victoria
andresfortunato48@hotmail.com
