Como extraídos de una tómbola, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) ha presentado seis expedientes que implican a 17 personas en prevaricación por un monto de 600 millones de pesos, sin que se ofrezcan seguridades de que se anuncien otros sorteos de sometimientos contra depredadores del erario.

Esos casos de corrupción se refieren a presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Médico de los Maestros (Semma), Ayuntamiento de Los Alcarrizos, Salud Pública, Programa de Medicamentos Populares (Promese), Oficina de Nacional de Propiedad Intelectual (Onapi) y Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Conforme a tales expedientes, empleados de esas dependencias, prevalidos de sus funciones, se apropiaron de recursos públicos, por lo que el director del DPCA ha solicitado medidas de coerción contra los imputados.

Llama la atención que el anuncio de esos sometimientos ha coincidido con los intensos reclamos de diferentes sectores de la sociedad para que el Ministerio Público presente en los tribunales todos los casos ya investigados y comprobados sobre corrupción administrativa.

Aun así se resalta que la Procuraduría General haya dado las primeras vueltas al globo de los expedientes por corrupción, aunque todavía la sociedad apuesta a que se anunciarán premios mayores, pues los extraídos hasta ahora no llenan las expectativas.

El caso de mayor alcance parece ser el fraude por 540 millones de pesos que se alega perpetraron cinco funcionarios de esa institución, contra los cuales el Ministerio Público solicitó medidas de coerción consistentes en garantías económicas. Ya se saben las razones por las que esa conquista de los maestros quedó malograda.

Se saluda la tardía reacción del director del DPCA, al anunciar el envío a justicia de seis casos de corrupción administrativa, aunque se aspira a que el doctor Bonilla y sus fiscales adjuntos aceleren el paso, al menos a similar velocidad con la que se incurre en prevaricación.

Los votos son para que más temprano que tarde el Ministerio Público realice otro sorteo de sometimiento de presuntos corruptos, con la esperanza de que esta vez algún peje gordo resulte agraciado con el primer premio.