El Gobierno no debería conformarse con la noticia de que República Dominicana arribó a 37 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional (TI), aunque cause satisfacción que ese puntaje signifique un avance de nueve puntos y una mejora del 32 % desde 2020.

Conforme a ese Índice, el país escaló al puesto 99 entre 182 naciones evaluadas durante 2025, con la subida de un punto con respecto al 2024 y de nueve en relación a 2020 cuando llegó a ocupar el puesto 137, entre el conjunto de países en los cuales TI evaluó los niveles de la prevaricación.

El avance de solo un punto entre un año y otro en la percepción de la corrupción no debería ser motivo de júbilo ni excusa para reducir los niveles de combate contra ese flagelo ni tampoco para resaltar que otros países de la región obtuvieron puntuaciones más bajas que República Dominicana.

Participación Ciudadana, que forma parte de la red de Transparencia Internacional, reveló que en el informe que manejó esa organización sobre casos y denuncias de corrupción no figura el expediente Senasa, cuya inclusión hubiese borrado el punto adicional alcanzado por el país.

La impunidad, reflejada en venalidad o sumisión en la persecución, sometimiento y castigo a inculpados en crímenes de corrupción impide que Republica Dominicana aumente más peldaños en el índice de países con elevada percepción de transparencia e institucionalidad.

Transparencia Internacional valoró medidas implementadas por el Gobierno, como la independencia del Ministerio Público y la creación de la Unidad Antifraude, entre otras iniciativas, pero su filial, Participación Ciudadana, advirtió que el optimismo es amenazado por recientes escándalos de corrupción.

El aumento de un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción, ni nueve peldaños en seis años, ameritan fiesta ni jolgorio, aunque sí moderada satisfacción porque se transita por el camino correcto, a paso lento, sin alcanzar todavía penas aflictivas e infamantes pronunciadas en última instancia.

Lo aconsejable sería que Gobierno, Ministerio Público y Orden Judicial no se duerman en sus laureles, ante notaciones de avance en la lucha contra el latrocinio, y en cambio arreciar el combate frente toda forma de dolo contra el erario, porque sabido es que se lucha contra un monstruo que tiene siete cabezas.