Las vacilaciones del presidente Luis Abinader ante el permiso de explotación de la mina de oro ubicada en Romero, Sabaneta, San Juan de la Maguana, traen a la memoria discursos pasados que prometían soberanía ante la Barrick Gold, pero dejaban intactas las estructuras de poder que lo controlan.

Recuerdo el tono enfático de Danilo Medina cuando proclamó que el oro dominicano pertenece al pueblo. Aquellas palabras parecían marcar un punto de inflexión frente a los conocidos intereses mineros.

Sin embargo, la realidad mostró otra cosa. Las relaciones con Barrick Gold evidenciaron que el poder corporativo no se conmueve con discursos, sino con decisiones concretas de los poderes del Estado junto al pueblo. Hoy, el proyecto Romero, impulsado por la corporación GoldQuest, coloca nuevamente al Estado ante un dilema: proteger los recursos naturales o ceder ante presiones económicas globales, empleando gánsteres económicos.

El presidente Abinader duda, y en esa duda se juega más que un permiso. Se pone en riesgo el equilibrio ecológico de una región vital y la credibilidad de un gobierno que prometió transparencia total.

Las comunidades de San Juan no dudan. Este domingo marcharán en defensa del agua y la vida, frente a un modelo extractivo que históricamente ha dejado mucho más pasivos que beneficios en nuestro país.

No es un secreto que las grandes corporaciones despliegan estrategias de seducción y presiones extremas. La historia latinoamericana está marcada por episodios donde la soberanía ha sido negociada o forzada.

Como advirtió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando fallan los mecanismos de sobornos, aparecen otras formas de imposición a través de los gánsteres económicos, empleados en varios países de Centroamérica.