Aun en países con economía estable y resiliente como la dominicana, una crisis financiera de raíz externa que impacte sobre los niveles de inflación, déficit fiscal, tasas bancarias, tipo de cambio y empleo, puede lacerar la gobernanza y causar inestabilidad social y política.
Entre gobierno, liderazgo político y empresariado hay consenso ed que el aumento y volatilidad en los precios del petróleo derivado de la guerra en Irán, coloca a República Dominicana en peligro de sufrir una crisis económica de imprevisible consecuencia.
La ecuación es sencilla: la economía carece de capacidad para asumir el costo de un barril de petróleo en torno a los cien dólares, ni la población poder adquisitivo para asumir las alzas de precios en artículos y servicios básicos.
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La prevalencia de la gobernanza, que también llaman convivencia social es un compromiso del Estado, instituciones partidarias, sector productivo, academias y sociedad civil, en el entendido de que la anarquía afectaría grandemente a la democracia.
Esa es la razón por la que el dialogo nacional que impulsó el para abordar la crisis con actores políticos, empresariales, religiosos y sindicales, contó con la anuencia de la población, no porque se conseguiría alguna fórmula mágica para afrontar la crisis, sino porque ayudaba crear conciencia sobre el riesgo de un ciclón económico.
Participantes en esa gestión de consenso coincidieron en sugerir al gobierno que presente un plan de trabajo para mitigar el daño que causaría a la economía el intempestivo incremento en los precios del petróleo, lo que motivó el jueves el anuncio de que el Consejo de Ministros aprobó escarbar ahorros por unos RD$40,000 millones.
El viernes, el gobierno aumentó entre $7 y $9 pesos el galón de gasolina y de gasoil, con lo que también atiende sugerencia de organismos internacionales y economistas locales opuestos al subsidio generalizado a la comercialización interna de los combustibles.
El plan del oficial no precisa cuáles partidas presupuestarias serían recortadas, ni si la austeridad incluye congelar a nómina pública, aumentada este año en 37 mil nuevos nombramientos, como tampoco se tiene certeza sobre la efectividad de reducir consumo de combustibles y adquisición de vehículos en el sector público.
Lo que sí parece seguro es que se recortaría drásticamente el presupuesto de publicidad y en un 50% en la partida dirigida a los partidos políticos, con lo cual se despoja a la oposición de muelas y patas y se coloca a medios de comunicación y periodistas en difícil situación económica. Esa receta tiene cocoricamo.
