Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader puso este viernes en retiro, al coronel del Ejército de República Dominicana (ERD), Koji Maruyama, quien a raíz de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado, fue mencionado por Manuel Regalado, técnico de Claro, por supuestamente intentar entrar de manera sospechosa a la Junta Central Electoral (JCE) y manipular equipos.

El jefe de Estado dispuso el retiro de Muruyama junto a otros 60 oficiales superiores, entre generales y coroneles de las Fuerzas Armadas mediante el decreto 693-20, con disfrute de salario correspondiente.

Se recuerda que en ese entonces, siendo Abinader candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), exigió el arresto del coronel Maruyama, quien era citado en un chat del técnico de la telefónica Claro y un seguridad del aspirante opositor en ese momento, como la persona que intentaba penetrar a la JCE de manera sospechosa.

Abinader expresó para entonces al noticiero del canal 41 de Univisión vía Skype que las autoridades “en vez de apresar a la persona a la que ellos están dirigiendo la acusación que es un coronel asignado al Ministerio de Defensa, lo que hacen es apresar al técnico de Claro, cuando debe ser todo lo contrario y arrestar al coronel del que dicen tenía el comportamiento sospechoso”, en referencia a Manuel Antonio Regalado, empleado de empresa de telecomunicación.

Maruyama era el encargado de la custodia y seguridad física del cable de fibra óptica que comunicaba al centro de cómputos de la JCE con las instalaciones de Claro.

Además era encargado del acceso a todas las puertas y tenía cadetes a su mando para tener control de la entrada y salida de todo el mundo a la sede la JCE.

Para la fecha, un bloque de 13 partidos opositores exigió al Ministerio de Defensa investigar la responsabilidad del coronel Koji Maruyama en el boicot a las elecciones municipales del 16 de febrero, señalado por el técnico de Claro como el coronel de apellido asiático, que le requirió medios logísticos a los fines de realizar operaciones ilegales en sistemas de votación de la JCE.

Fue interrogado por fiscales del Ministerio Público, pero fue despachado al no encontrarse ningún vínculo con el caso.