SANTO DOMINGO.- Los abogados de los imputados de la red de corrupción de la denominada “Operación Coral”, se quejaron hoy del poco tiempo que el Ministerio público les ha concedido para reunirse con sus clientes.
El planteamiento le fue hecho a la juez Kenya Romero, en la audiencia de conocimiento de las medidas de coerción solicitada por el Ministerio público contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, y otros tres acusados de pertenecer a la citada red.
Cristian Martínez, abogado del principal imputado mayor general Cáceres Silvestre, dijo que el Ministerio Público apenas le ha concedido tres horas para hablar con su cliente, por lo que solicitó al tribunal el aplazamiento de la audiencia.
En iguales términos se pronunció Félix Portes, abogado del coronel Rafael Núñez de Aza, quien al igual que sus compañeros, solicitó el reenvío de la audiencia.
Por razones de espacio, la medida de coerción se conoce en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La parte acusatoria del Ministerio Público la encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien dijo que el pedimento de los acusados lo que busca es entorpecer el conocimiento de la medida de coerción.
El arresto de los implicados se realizó el pasado sábado como resultado de una investigación realizada por la Procuraduría General de la República a través del departamento de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La solicitud de medida de coerción iba a ser conocida el viernes, pero el tribunal la reenvió para hoy, para darles tiempo a los abogados de los imputados a que tomaran conocimiento de la acusación.
Además del exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre, en el expediente figuran el coronel Rafael Núñez De Aza, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Cruz.
El procurador adjunto, Wilson Camacho, de la Pepca, dijo que las pruebas que pesan contra los imputados son abrumadoras, por lo que confía que se les imponga medida de coerción.
