La ola conservadora que recorre el mundo ha reabierto el debate sobre el aborto en países donde la marea verde por el derecho a la interrupción segura y legal del embarazo había logrado importantes avances en los últimos años.
El aumento de los obstáculos que tienen que sortear las mujeres en Argentina para abortar, los últimos pasos dados por Puerto Rico hacia la criminalización de la práctica, las condenas cada vez más duras en El Salvador o la llegada a la presidencia de Chile del ultraconservador José Antonio Kast son algunos ejemplos en Latinoamérica.
En Europa, la onda expansiva del antiabortismo está reduciendo las cifras de interrupciones legales en Polonia, Italia, Hungría, Eslovaquia y Rusia; y en Australia el partido ultraderechista One Nation propone reforzar la protección jurídica del feto.
El paradigmático caso argentino
El caso de Argentina es paradigmático porque es donde se acuñó el concepto de ‘marea verde’, en alusión a los pañuelos verdes de los manifestantes que lograron que en 2020 se aprobara la interrupción voluntaria hasta la semana catorce del embarazo.
El triunfo tuvo un impacto simbólico y se extendió a otros países; así como fue simbólico el movimiento contrario que propició en 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos al anular la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto.
En Argentina, la ley impulsada por la marea verde permitió reducir las muertes maternas vinculadas a abortos, pero con la llegada al Gobierno de Javier Milei empezaron las trabas: recortó el presupuesto de los programas de salud sexual y reproductiva y frenó la distribución de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona.
En Chile, donde el aborto está despenalizado en determinadas circunstancias desde 2017, el Gobierno progresista de Gabriel Boric presentó en 2025 un proyecto para legalizarlo sin causales, pero hay escasas probabilidades de que se apruebe dada la composición del Parlamento. Además, el próximo presidente chileno, José Antonio Kast, es un reconocido antiabortista.
Por su parte, el Gobierno de Puerto Rico anunció recientemente una medida que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido
Los dramáticos casos de El Salvador y Filipinas
En El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, el sistema judicial suele tipificar incluso abortos espontáneos o emergencias obstétricas como homicidio agravado, con condenas de entre 30 y 50 años de prisión. Esto coloca al país entre los más restrictivos del mundo, por encima de otros como Honduras, Nicaragua o República Dominicana, donde las penas son de uno a seis años.
En Filipinas, la interrupción voluntaria está prohibida en todas las circunstancias, incluso en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre, lo que obliga a miles de mujeres y adolescentes a continuar embarazos no deseados. Las organizaciones locales estiman que «al menos tres mujeres mueren cada día por complicaciones derivadas de abortos inseguros y unas 11 son hospitalizadas cada hora«.
En Corea del Sur, en 2019, la Justicia declaró inconstitucional la prohibición del aborto, pero la reforma no se materializó, dejando un vacío legal. El 4 de marzo de 2026, un tribunal de Seúl condenó a tres años de prisión por asesinato a una mujer que se sometió a un aborto entre las 34 y 36 semanas de gestación.
En Polonia, la ley es tan estricta que ha habido muertes de mujeres en hospitales por miedo de los médicos a practicar un aborto sin cumplir estrictamente la norma. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán introdujo en 2022 una normativa que obliga a escuchar el latido fetal antes de decidir. En Eslovaquia e Italia, organizaciones denuncian que el acceso al aborto se ve obstaculizado por presiones sociales y administrativas. En Rusia, las autoridades han endurecido la persecución del aborto en medio de descenso de natalidad y aumento de mortalidad por la guerra en Ucrania.
A pesar de estos retrocesos, Europa sigue siendo el continente con legislaciones más avanzadas, salvo excepciones como Malta, y en gran parte de África el aborto solo se permite si está en riesgo la vida de la madre.
El Centro por los Derechos Reproductivos destaca avances recientes, como en Suiza, que aprobó que los seguros cubran el coste total de las interrupciones, y en Francia, que en 2024 inscribió en su Constitución el derecho al aborto.
