Tras ganar las elecciones, las nuevas administraciones edilicias y sus principales directivos con los alcaldes a la cabeza, tienen que entender que sus acciones deben estar dadas por su apego a la Constitución y las leyes.

Si queremos de verdad avanzar hacia un real y sostenido fortlecimiento de la institucionalidad, los alcaldes, regidores y las salas capitulares no pueden convertirse en instancias de suprapoder para operar por encima de los lineamientos legales.

Con esa práctica deleznable y violatoria de los derechos que salvaguarda la Carta Magna acaba de inaugurar su administración el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, quien a pocos días de tomar posesión comenzó a disponer medidas que atentan contra la seguridad jurídica y envían muy mal mensaje a la inversión extranjera.

La violación a un principio básico como la seguridad jurídica quedó al descubierto cuando el abogado Rafael Martínez detalló la forma en que la alcaldía le suspendió un contrato a la empresa Control Básico Municipal.

Se trata de una franca y arbitraria violación a la ley y del ejercicio de un poder ilegítimo y desconocedor de derechos adquiridos, ya que la referida empresa, que tenía a su cargo la gestión de cobros de arbitrios tenía un contrato con dos años de vigencia, pues su fecha de vencimiento estaba fijada para febrero del 2022.

Al proceder amparado en una fuerza atropellante y con ínfulas cuasi dictatoriales, Jiménez ignoró de manera olímpica que el contrato que ampara la empresa suspendida fue obtenido mediante licitación pública por seis años, en cumplimiento a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y extendido por tres años, en un proceso amparado por la Contraloría General de la República.
La Sala Capitular, que no debe actuar como sello gomígrafo del alcalde, sino comportante como una unidad pensante, independiente y justa, debe corregir el abuso que se ha cometido contra una empresa que opera conforme a la ley.

Por: Luis Manuel Báez

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