El primer contrato con AERODOM fue por 30 años y se firmó en 1999, incluyó 6 aeropuertos del país que pasaron a ser operados por una corporación extranjera, dentro de una modalidad de privatización de un área empresarial del Estado estrechamente relacionada con la seguridad nacional.

Este gobierno ha tenido el descaro de hacerle una nueva concesión grado a grado a AERODOM, después de traspasada ésta empresa a la principal corporación privada operadora de servicios aeroportuarios a escala mundial, sin vencerse la anterior. Le faltan 7 años y le concedieron 30 más.

Solo en tasas aeroportuarias, la concesión que se está renovando al vapor ha reportado ingresos a esa empresa por más de US$670 millones en 10 años de los 23 que lleva de vigencia. Los otros 10 años no están contabilizados.

En el contrato adicional, el compromiso de inversión de US$830 millones en infraestructura para ampliar la capacidad de tráfico de pasajeros y suplir la demanda turística bien pudo ser gestionado por el Estado dominicano con otras fuentes de financiamiento y pasar a recuperar un área de alta rentabilidad, de gran valor estratégico e importante para la seguridad del Estado.

Todo esto tiene un fuerte olor a tráfico de influencia desde un Estado donde los grandes capitales privados vinculados al turismo dominan las principales funciones ejecutivas y legislativas del Estado, incluidas la presidencia de la república y el ministerio de Turismo.

En esta descarada determinación de corte neoliberal y neocolonialista interviene el interés de la reelección y la inmediata obtención de dólares frescos en circunstancias de penuria presupuestaria y altos niveles de endeudamiento externo y déficit fiscal. Resalta en esa dirección el adelanto de tributos por US$775 millones de AERODOM al Gobierno, lo que tiene pinta de soborno maquillado.

La velocidad y la forma atropellante de la aprobación congresual está a tono con su carácter de trampa en favor del gran capital transnacional y de las elites capitalistas que han asaltado el Estado para completar el proceso de privatización del patrimonio nacional, que es una modalidad de robo a los contribuyentes y apropiación abusiva de la madre naturaleza.

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La borrachera mercadológica le impide a Abinader percibir el lodo que lo embarra como presidente-candidato en una competencia espuria en la que la única ventaja que le asiste es la podredumbre que corroe la oposición electoral.

La derrota estratégica traspasará el 2024 y arrasará con todos. No hay que desesperarse, pero sí apurar el paso de la rebeldía contra un sistema que da asco y merece ser tirado al basurero.