Produce escozor el dato revelado por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, en el sentido de que el 44 % del presupuesto familiar se gasta en medicamentos y trámites de salud.

Ese elevado costo de la salud hace que ese derecho, consagrado en la Constitución de la República, sea uno de los más vulnerables de República Dominicana, representando entre el 2.4 % y 2.8 % del Producto Interno Bruto del país.

En términos prácticos esto significa que de cada peso que entra al bolsillo de los dominicanos, 44 centavos se van en salud.

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Hay que establecer un plan que priorice la necesidad de bajar el costo del servicio y de los medicamentos para que queden al alcance del bolsillo de todos los dominicanos.

La reforma del sistema nacional de salud es más urgente que la modificación de la Constitución, porque en la Carta Magna, lo que se tocaría es el aspecto político de la misma y no el tema social, que es la exigencia de la sociedad que la hace con energía ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales.

El presidente Luis Abinader debería enviar al Congreso Nacional un proyecto para reformar la Ley 87-01 de Seguridad Social.