Al conocer de una injusta decisión tomada en forma autoritaria por la Superintendencia de Bancos, ordenándole a los bancos cancelar todas las cuentas que están sin movimiento monetario por un periodo de tres meses, sin estar en la obligación de avisar al cliente previamente, es un abuso de poder y una absurdidad.

Es la borradura, no sólo de lo histórico, sino de la nostalgia misma que le crea al usuario que por décadas mantiene esas operaciones depositando decenas de millones de pesos. Te echan del sistema como un desahuciado, sin notificarlo, incluso como portador de una tarjeta de débito que pagaste por ella, y que quizás por inadvertencia, enfermedad, viajes, o si es una cuenta nominal y ha sido despedido de la institución y no has podido organizarte.

Es de todo ciudadano consciente que la Superintendencia de Bancos goza de un manejo sostenible, limpio de comportamiento, y estandarte de la eficiencia en la supervisión bancaria nacional, y que forma parte esencial del carácter predecible e incluso transparente del sistema financiero y monetario.

Sin embargo, no vamos a entender que, de esa institución, y de esa dirección tan experimentada se preste a instrumentalizar una decisión que va en contra del modelo de valoración de las buenas políticas económicas que lleva a cabo la gobernación del BC y la Junta Monetaria.

Qué busca la Superintendencia con negarle al cliente bancario tener una mínima advertencia de que sería cerrada la cuenta que opera por tanto tiempo? Más, ¡n momentos de amplia bancarización y de mayor pluralidad de estas operaciones!, pues sólo habrá de interpretarse como un frenesí que atropella hasta la irracionalidad la buena fe y la confianza del cliente y las instituciones bancarias.

Una molestia innecesaria, todo un atropello a la racionalidad. Quede, entonces, bien claro, desmontar o corregir esa medida que rebasa los indicios del buen juicio de razón señor Fernández y no se convierta en un pescador de escándalo, sino en enviar mensajes certeros a la comunidad nacional.