Las 90 personas muertas y más de 180 intoxicadas con bebidas alcohólicas adulteradas es una tragedia que demanda una investigación profunda. Cuesta aceptar que los distribuidores de las bebidas que han provocado los envenenamientos no contaran con algún tipo de complicidad en el negocio.

Es inconcebible que sea tras la tragedia cuando las autoridades se hayan percatado de que en la elaboración de bebidas alcohólicas que se distribuían en establecimientos comerciales se utilizaban componentes tan tóxicos como el metanol. La elaboración de ron artesanal y clandestino como clerén, triculí, pitrinche y otros es una vieja tradición en diferentes puntos del país.

Y por intoxicación alcohólica siempre se han reportado decesos. Pero la cantidad que se ha registrado desde la Semana Santa por el consumo de bebidas con metanol suena todas las alarmas.

Hay muchas preguntas que las autoridades tienen que formularse y responderse sobre el negocio de un insumo no permitido para la fabricación de las bebidas. La justicia que necesitan los muertos va mucho más allá del apresamiento y sometimiento de los distribuidores de metanol.