La arrabalización que afecta la calle El Conde parece estar asociada al desorden jurídico e institucional que ha “despojado” paulatinamente al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) de funciones que son asumidas por otras instituciones gubernamentales no autorizadas por la Ley. Responsabilidades asignadas por la Ley 176-07 al ADN son ejecutadas ahora por la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), los ministerios de Turismo, Obras Públicas y cuantas entidades estatales se le ocurra.

Como consecuencia, una gran dispersión de recursos económicos y humanos afecta los proyectos que debe emprender el Gobierno de la ciudad. “Jurídicamente, el ADN está perdiendo fuerza”, manifestó el regidor del Partido Revolucionario Dominicano, César Cabrera.

Responsabilizó a los gobiernos que en lugar de suplir la falta de recursos económicos del cabildo, entrega dinero a otras instituciones para que emprendan funciones que no les corresponden. Opinó que recursos que las autoridades deben especializar para proyectos municipales van a parar a otras instituciones cuyas prioridades no son enfrentar sus problemas.

Consideró que, por ejemplo, si en 1996 el presidente de entonces, Leonel Fernández, quería una policía especializada en el tránsito, sólo tenía que especializar esos fondos y entregarlos al ADN, para la creación de la Amet. El el regidor Waldys Taveras, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), responsabilizó al síndico, Roberto Salcedo, de que muchos edificios de El Conde se hayan convertido en “peligro público”.

Reconoce que en América Latina las zonas coloniales han sido rehabilitadas con apoyo de los gobiernos, pero considera que la alcaldía dominicana debe estar al frente de ese proceso. “Es un acto de irresponsabilidad de la alcaldía no cumplir con su responsabilidad”, dijo.

“Con esa duplicidad de funciones se duplican los gastos y no hay responsabilidades para nadie”, aseguró.

Los conflictos
“El Ayuntamiento tiene que tener respuestas continuas a lo que son sus responsabilidades”, opinó la regidora Consuelo Despradel, también del PRD.

Recordó que esa “usurpación” de funciones ha generado conflictos interinstitucionales que han terminado en los tribunales en más de una oportunidad.

El último conflicto surgió a raíz de que el Ministerio de Turismo decidiera contratar una empresa que se encargue de higienizar la Zona Colonial.

Los regidores Consuelo Despradel y Waldys Taveras demandaron hoy por ante el Tribunal Superior Administrativo la nulidad de la licitación que culminaría con la contratación de la compañía.

En el 2013, el ADN sentó en el banquillo de los acusados a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE) por la construcción de un puente peatonal frente a la Universidad del Caribe, en en en la avenida 30 de mayo.

En el 2012, regidores oficialistas y de la oposición del ADN se enfrentaron en torno a una propaganda colocada por el despacho de la entonces primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, en el Monumento a la Redención de la Deuda Externa (obelisco hembra).

“Algunos de esos proyectos ni siquiera han pasado por la Sala Capitular”, afirmó Despradel.

Todos los sectores
César Cabrera y Despradel favorecen que, liderado por el ADN, todos los sectores que confluyen en El Conde aúnen esfuerzos para terminar con la arrabalización.

“Hay que sentarse en una mesa de discusión, liderada por el Ayuntamiento, para ver cómo le buscamos la mecánica”, expresaron.

“La idea es convertirla en un polo turístico importante y para eso El Conde no puede lucir el abandono que tiene”, manifestaron.
Asimismo rechazaron que el Ministerio de Turismo mantenga el protagonismo en los trabajos.

UN APUNTE

La Ley 176-07

El artículo 19 de la Ley 176-07 tiene, entre otras, las funciones de ordenar el tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales, normar y gestionar el espacio público, ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y disciplina urbanística, normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines, normar y gestionar la protección de la higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento ambiental.