El presidente Danilo Medina ha dispuesto por decreto prorrogar hasta fin de año las medidas de austeridad vigentes desde el inicio de su gobierno en agosto de 2012, que incluyen prohibir en las instituciones públicas las donaciones, adquisiciones de nuevos vehículos, distribución de canastas navideñas y uso de tarjeta de crédito, entre otras restricciones.

Aunque se trata de una medida compatible con la previsión del Gobierno de reducir el déficit fiscal de más del 6% a un 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), el término austeridad no parece encajar con una economía que no padece efecto recesivo y cuyo pronóstico de crecimiento para 2013 sería de un 3% del PIB.

Esas restricciones en el gasto público deberían mantenerse vigentes por muchos años, toda vez que ingresan en el renglón de erogaciones superfluas o dispendiosas, así como es necesario mantener la prohibición en entidades oficiales de egresos que no cuenten con la correspondiente apropiación presupuestal.

Tales medidas, incluida la prohibición a los funcionarios viajar al exterior cada vez que les venga en gana, no se inscriben propiamente en una política de austeridad, sino de calidad del gasto, porque además no se ha constreñido la ejecución presupuestal al punto que se posterguen iniciativas básicas relacionadas con el crecimiento económico o desarrollo social, como el cumplimiento del 4% para la educación.

Los elementos constitutivos de un Plan de Austeridad se corresponden con la imposibilidad del Gobierno de ejecutar la Ley de Presupuesto por una caída brusca de los ingresos fiscales o por un déficit inmanejable en la cuenta corriente de la balanza de pagos que obliga a restringir importaciones o a penalizar la comercialización de bienes suntuarios o aplicar traumáticas reformas tributarias.

Al Gobierno no le conviene mercadear la palabra austeridad, una de cuyas acepciones refiere al austero como sobrio, morigerado y sencillo, pero también como agrio, astringente y áspero, porque ese vocablo no conecta con optimismo ni esperanza, sino con miseria y limitaciones.

En ningún modo se postula el criterio del dispendio, pero tampoco la idea de vaticinar el fin del mundo, porque la economía dominicana no sufre síntoma de recesión y porque el deber del Gobierno es impulsar la meta de crecimiento del PIB, control de inflación, generación de empleo y expansión del valor agregado.

Es verdad que no se puede hablar de soga en casa del ahorcado, pero tampoco morirse en la víspera, por lo que puede decirse que el presidente Medina ha hecho bien en prorrogar las restricciones al gasto en instituciones públicas, pero no es prudente comparar esas medidas que cualifican la ejecución presupuestal con el lúgubre silbido de un régimen de austeridad, como, por ejemplo, el que se aplica en España.