La Policía de Nicaragua apresó ayer a Félix Madariaga y a Juan Sebastián Chamorro, otros dos aspirantes a la presidencia de la República, a los que les imputa atentar contra la seguridad del Estado y de la nación, por lo que al igual que Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, tendrían impedimento de participar en las elecciones fijadas para el 7 de noviembre.
Cristiana, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, guarda prisión domiciliaria acusada de violar la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, al igual que los otros opositores, detenidos en recintos oficiales.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, condenó esas detenciones, que definió como medidas antidemocráticas y una forma de acoso a la oposición, declaraciones que fueron calificadas como insólitas por su colega nicaragüense, Denis Moncada, quien reclamó respeto por la soberanía de Nicaragua.
Aunque puede tildarse de inoportuno o innecesario, porque involucra de manera directa a República Dominicana en una crisis que debe abordarse a través de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), lo dicho por el canciller Álvarez se acerca mucho a la verdad.
El Parlamento sandinista ha aprobado un estatuto estrambótico, cuya única utilidad parece ser la de violar derechos políticos y civiles contra quienes disientan del régimen, los cuales son encarcelados con imputaciones como la de socavar “la independencia, autonomía y autodeterminación de Nicaragua”.
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Crisóstomo no podrían ejercer su derecho a elegir y ser elegidos porque el gobierno de Daniel Ortega procura inhabilitarlos con acusaciones que conllevan penas aflictivas e infamantes que serán aplicadas sin el mínimo respeto al debido proceso.
Los pueblos dominicano y nicaragüense han sido ejemplos de lucha contra toda forma de intervención foránea, pero también contra regímenes tiránicos como los de Trujillo y Somoza, por lo que sobran calidades morales e históricas para exigir al gobierno sandinista que cese la represión contra sus opositores.
El presidente Ortega está compelido a respetar la heredad política de Augusto César Sandino, con el ofrecimiento de absoluta garantía de que su gobierno permitirá la celebración el 7 de noviembre de elecciones libres, limpias, pacíficas y concurridas, con la participación sin ataduras de los candidatos hoy sometidos a represión y cárcel.
