El presidente Danilo Medina demostró nueva vez a sus paisanos su apreciable cuota de sensatez así como marcado interés en la transparencia de su gobierno, cuando el 22 de febrero último desestimó cualquier acuerdo en relación a supuestos detentadores de títulos de propiedad en la parcela 215-A de Bahía de las Aguilas, en Pedernales.

Culmina así un affaire, más que un litigio, que se inició el 5 de diciembre de 1995, cuando el entonces titular del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, procedió de manera irregular, a solicitar al registrador de títulos de Barahona, doctor Ramiro Suberví, mediante oficio 10790, el traspaso de la parcela 215-A con fines de proceder a un asentamiento agrícola y ganadero en una playa.

Resultó que en ese asentamiento campesino y ganadero fueron adjudicadas parcelas tanto a Rodríguez Guzmán como a su esposa Reyna Margarita Martínez y una retahíla de propietarios de títulos, sin aprobarlos el directorio del IAD ni la autorización de ley del Poder Ejecutivo.

En fecha 5 de febrero l996, el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, remitió al registrador de Títulos de Barahona el oficio 433 mediante el cual aprobaba el traspaso de las tierras con vocación agrícola al IAD, iniciando así el mayor fraude inmobiliario de la historia reciente en perjuicio del Estado.

El 18 de febrero del 2013 la Presidencia de la República insertaba en los diarios un documento en el que anunciaba un pacto con 68 supuestos detentadores de títulos de propiedad en Bahía de las Aguilas en que adjudicaría un 45% y el 55% el Estado, adujendo la figura del fideicomiso, conforme expuso el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor César Pina Toribio.

Dos días después, el 20, el presidente Medina recibió a Laura Acosta Lora, hija de la desaparecida doctora Carmen Josefina Lora Iglesias (Piky), acompañada de su tío, el periodista Huchi Lora, quien entregó al gobernante el estudio que realizó su progenitora de Bahía de las Aguilas, cuando en 1995 se desempeñaba como directora del Catastro Nacional.

En ese legajo solo figuran dos legales propietarios de todos los terrenos de Bahía de la Aguilas, una familia que obtuvo su título legal en 1908 de la parcela 215-B y el Estado dueño de la parcela 215-A. Más nadie posee título legal en esa área.

Conforme a ese documento, el Estado no tiene que negociar ni una pulgada de tierra en esa área con nadie, sino que es optativo de somete a la acción de la justicia a quienes alegaron poseer títulos legales.

Además del documento-estudio redactado por la finada Piky Lora, otro aporte post-moten de su honestidad meridiana, el entonces director del IAD, Wilton Guerrero Dumé, inició una investigació-querella el 18 de marzo de 1997, contra los usurpadores de títulos ilegales en Bahía de las Aguilas.

El 15 de enero último del 2013, el Poder Ejecutivo redactó el poder especial 7 que autoriza al consultor jurídico de la Presidencia a ejecutar un acto transaccional con los poseedores de títulos de un 45% y un 55% al Estado, que el senador Guerrero Dumé, básiga del presidente Medina por 30 años calificó de despojo brutal y cree que sorprendieron al gobernante en esa decisión, afortunada y felizmente superada.

Ahora, conforme estimó el titular de Turismo, Francisco Javier García, podrán invertirse allí, con plena seguridad legal más de los 1,145 millones de dólares que avanzo tiene en carpeta, gracias a la honestidad del presidente Medina y al aporte post-morten al país de Piky Lora.