La renuncia de la directora Berlinesa Franco y la destitución de los principales funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) en medio de un escándalo con una licitación para la compra de 40 mil kits de alimentos representan otro reto para la Procuraduría General de la República en la lucha contra la corrupción. Al dar cuenta de la decisión de Franco, el Gobierno informó que había encontrado irregularidades en la licitación para la adquisición de los materiales que serían utilizados en la campaña contra la pandemia del coronavirus. En el concurso, que suponía una inversión de 40 millones de pesos, la propia directora reconoció que se violaron normas de la ley de Compras y Contrataciones Públicas, aunque lo atribuyó a la supuesta prisa para cumplir con las necesidades de la población. El escándalo en la licitación no es el único denunciado desde que entró en vigencia el estado de emergencia. Supuestas sobrevaluaciones y adjudicaciones de compras a empresas no relacionadas con el suministro de materiales de salud han estado sobre el tapete en estos días. Al anunciar la decisión el Gobierno dijo que todos los imputados serían puestos a disposición del Ministerio Público.
