Ante la oposición a que los residentes en La Barquita fueran ubicados en el parque nacional del Cachón de la Rubia o sus alrededores, el Gobierno decidió asentarlos en los sectores de Sabana Perdida y Los Mina. Aun así, organizaciones y ambientalistas tomaron la decisión de elevar un recurso de amparo para evitar cualquier tipo de acción, pública o privada, que degrade o reduzca el ecosistema, biodiversidad, flora o fauna del área protegida.

Por sus repercusiones tanto en lo concerniente al parque de Santo Domingo Este como a otras áreas protegidas la acción judicial, por demás acogida por los tribunales, en modo alguno puede pasar inadvertida. El juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, Rafael Delfín Pérez, prohibió cualquier tipo de operación que lesione un área que es también rica en manantiales.

Si bien se trata de un referente, la sentencia a través de la cual se blinda el parque y sus entornos, incluyendo su perímetro y polígono, no debe ser exclusiva del Cachón de la Rubia, sino de todas las áreas naturales que reúnan las mismas características ambientales. La explotación de yacimientos a costa del medioambiente e incluso sin resarcir los daños tiene que prohibirse y perseguirse para impedir la destrucción del hábitat.

Aunque el Gobierno había decidido reubicar en otros sectores a los alrededor de 7,700 habitantes que según un censo pueblan La Barquita, con la sentencia, basada en un decreto de marzo de 2002 que declara el Cachón de la Rubia área protegida, el medioambiente gana una significativa batalla preventiva, que tranquiliza a los defensores de la zona. No es ningún secreto que el lugar fue uno de los primeros que se barajó para los asentamientos.

En cuanto al drama de los residentes en la margen del río Ozama, hay que saludar que se haya encontrado una solución. El proyecto que se ha anunciado supone la inversión de 4,000 millones de pesos en la construcción de 2,000 viviendas, centros de preparación técnica, iglesias, planteles escolares y otras obras para mejorar las degradantes condiciones de los residentes en un sector carente de servicios sanitarios.

A esa inequidad, que se torna más catastrófica con las inundaciones, había que buscarle una salida humana y racional. Pero en modo alguno podía ser, aunque en realidad no fuera el caso, de lesionar un área protegida. La confianza y solvencia de los responsables del proyecto es un factor importante, pero, con todo, cabe esperar que no se haya dejado ningún detalle a la imaginación de la marcha de los acontecimientos.