Buen juicio

La agenda de urgencias nacionales se congestiona con temas de gran relieve económico, social y político, como los referidos al proyecto de Presupuesto General del Estado, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad y la integración por decreto de una comisión para revisar el Código de Trabajo.

De esos puntos se derivan cuestiones que originan gran debate político y mediático, como la denuncia sobre despojo de ciudadanía a hijos de indocumentados, reclamos de aumentos salariales y de construcción de megas obras, como la presa de Río Grande y la carretera Cruce de Ocoa-Piedra Blanca. La lista de pedidos al Gobierno se vuelve interminable, a lo que se agrega que entre los reclamantes figuran sectores de todos los estratos sociales, incluidos los que habitan en los pisos más altos de las relaciones de producción, cuyas quejas van desde las importaciones por Internet hasta que se eleven los niveles de competitividad.

Es mucho lo que se habla de inmigración y nacionalidad, sin que se alcance a entender que La Hispaniola (Dominicana y Haití) es habitada por casi veintidós millones de personas en apenas 76 mil kilómetros cuadrados, lo que convierte a este territorio en uno de los más densamente poblados del mundo, con el agravante de que solo en la parte oeste se producen alimentos de origen agropecuario.

Todas las penurias y limitaciones están asentadas sobre el vecino Haití, como por ejemplo enfermedades infecto contagiosa que ya han sido erradicadas o controladas en gran parte del mundo (cólera, poliomielitis, tuberculosis), una de las más alta tasa de natalidad (siete nacimiento por mujer) y también elevado índice de muerte de niños al nacer o antes de los cinco años.
El salario en República Dominicana ha sufrido una depreciación de más de un 40 por ciento a causa de la inmigración laboral haitiana y por la inflación acumulada, pero ahora se quiere desde esferas del poder económico y político suprimir conquistas de los trabajadores que datan de más de medio siglo, como la cesantía y el preaviso.

Al Gobierno se le exige de todo y mucho más, pero ningún sector de la economía se propone para aportar mayor aporte tributario, que no sea a través de impuestos indirectos que clavan las espaldas de la clase media y de los consumidores en general, a pesar de que República Dominicana tiene la menor presión tributaria de América, con excepción de Guatemala.

Por último, a ningún sector político o económico parece interesarle los efectos inmediatos que sobre la economía dominicana tendría el recrudecimiento de la crisis generada por el cierre administrativo del Gobierno Federal de Estados Unidos, lo que reduciría exportaciones, inversión, remesa y desequilibrio cambiario. ¿Cómo recuperar el buen juicio?