Si no fuera porque ha ocurrido en República Dominicana donde la ciudadanía ha agotado sus reservas de asombro, nadie creería que reclusos de la cárcel pública de El Seibo operaban una fábrica de alcohol y otra de armas punzantes que mucho tiempo después la fiscalía provincial ha desmantelado.

Más asombrosa han sido las explicaciones ofrecidas por el procurador fiscal de que es normal que en el viejo sistema penitenciario los internos fabriquen alcohol para consumo, aunque no pudo precisar si las 12 cubetas de Triculí o Pitrinche, almacenadas en dos celdas de ese recinto tendrían fines comerciales.

Es mucho el maíz y al arroz que los reclusos usaban como materia prima, además del alambique empleado para procesamiento y envejecimiento de ese producto que seguramente estaba destinado a la venta entre internos y quién sabe si se mercadeaba también entre custodios.

No es fácil asimilar el hecho de que en una cárcel del viejo o nuevo sistema penitenciario se instale una especie de fábrica de cuchillos y punzones que también se vendían entre reclusos, para ser utilizados, según la Fiscalía, en refriegas dentro del penal.

Como la mayoría de los recintos carcelarios pertenecen aún al viejo sistema penitenciario, única excusa usada por las autoridades para justificar que en una cárcel opere una destiladora de alcohol y una fábrica de cuchillos, punzones y puñales, hay que imaginarse que ese increíble escenario se repita en otras prisiones.

Tráfico y consumo de drogas, uso de celulares para dirigir desde la cárcel la comisión de crímenes y delito, tráfico de alcohol y prostitución son algunas de las irregularidades que afloran en cárceles dominicanas, pero que son justificadas bajo el argumento de que esos recintos aún no son ingresados al nuevo sistema penitenciario.

No hay forma de justificar que en una cárcel controlada por la Policía o el Ejército opere una fábrica de alcohol o se fabriquen armas blancas o que los reclusos dispongan sin ninguna restricción de teléfonos móviles o que se trafique con drogas o comercio sexual. Esos extravíos solo ocurren en una sociedad donde los ciudadanos han agotado su capacidad de asombro.

Lo menos que se puede reclamar es que la Procuraduría General asuma el criterio de que la asombrosa historia de las fábricas de alcohol y armas en la cárcel de El Seibo se reedita al menos en otras muchas prisiones del viejo sistema penitenciario, que también deben ser desmanteladas e identificar posibles complicidades de autoridades civiles o militares.