El Colegio de Abogados (CARD) interpuso hoy una querella contra el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por la concertación de préstamos por más de 45 mil millones de presos, que no figuran en la Cuenta de Deuda Pública y que no fueron aprobados por el Congreso Nacional.

En la querella, interpuesta por el CARD, a través de su presidente Miguel Surum Hernández, se acusa a José Manuel Vicente (Jochi), ministro de Hacienda y a Luis Valdez Veras, director general de Impuestos Internos, de usurpar funciones del presidente y del Congreso Nacional.

Hernández alega que los citados préstamos no están registrados en Deuda Pública y que tampoco fueron aprobados por el Congreso Nacional y que, además, enajenaron las rentas nacionales.

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Precisa que los citados prestamos fueron hechos por los citados funcionarios por plazos de 15 y 4 años, usurpando las atribuciones del Presidente de la República, único con la facultad de suscribir empréstitos que comprometan rentas nacionales.

Hernández indicó que “Nos encontramos en presencia de hechos graves, donde funcionarios públicos presionaron a 29 bancos comerciales a entregar dicha suma en diciembre del 2020 y en julio del 2023, distribuida en porciones para cada entidad financiera, fijada de manera discrecional por el Ministro de Hacienda, en una operación de préstamo clandestina, pues no fue registrada en la Dirección de Crédito Público como consagra la ley, lo cual evidentemente compromete la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes”.

Señaló que las leyes orgánicas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos no consagran facultad a José Manuel Vicente, ni a Luis Valdez Veras, para realizar contratos de préstamos, destinándole esta función sólo al Presidente de la República, por lo que ha sido violado el artículo 93.1 de la Constitución.