La Junta Central Electoral (JCE) advirtió que la reducción en un 50 % a la partida presupuestal que el Gobierno debe entregar a los partidos políticos tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad, equidad, seguridad jurídica e integridad electoral y en ejercicio de la democracia sustentada en el sistema de partidos.

Se trata de un llamado de atención que el Gobierno debería recibir con especial atención porque proviene de la institución estatal encargada de organizar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2028, cuyo pleno directivo se ha ganado la confianza de los intervinientes en el proceso y de la sociedad.

La JCE ha dicho también que reducir en un 50 % la asignación contemplada a los partidos políticos en el Presupuesto General del Estado, afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de las organizaciones partidarias, lo que afectaría al proceso comicial.

El Gobierno no ha podido demostrar que ese recorte, estimado en unos RD$ 800 millones, ayudaría significativamente a completar los RD$40,000 millones que se requieren para mitigar la crisis generada por el aumento y volatilidad en los precios del petróleo, aunque se diría que sin llenar el buche un grano ayuda al granero.

Más grave aún, ha sido lo revelado por la JCE, de que conforme al artículo 224 de la ley Orgánica del Régimen Electoral número 20-23, la contribución del Estado a los partidos, movimientos y organizaciones en años no electorales, como el 2026, equivale a un 0.25 % de los ingresos nacionales, pero en la ley de Presupuesto Nacional solo se insertó un 0.12 %.

Si bien se interpreta el comunicado del órgano comicial, en el estatuto de ingresos y gastos se produjo una reducción equivalente a más de un 50 % en la partida asignada a los partidos, de un 0.25 consignado en la Ley Orgánica Electoral, a un 0.12 en el Presupuesto General del Estado.

Sería una exageración, si con el pretexto de que el Gobierno requiere un ahorro de 40 mil millones de pesos, se reduzca la asignación a las organizaciones partidarias, a solo un 0.6% de los ingresos nacionales, más aún porque la JCE ha advertido que una decisión de esa naturaleza trastornaría valores adherentes al proceso comicial y a la propia democracia.

El equipo económico oficial no ha precisado con claridad las partidas dentro del Presupuesto Nacional con las cuales obtendría los RD$40,000 millones, pero ha sido diligente en identificar un renglón que ya fue cercenado en la ley presupuestal, que no representa un ahorro importante y que puede trastornar el programa de organización y montaje de las próximas elecciones.