Son tiempos de nombramientos aquí, acción política en la que se miran más los intereses gobernantes que los del pueblo bajo la premisa del poder “entregado” ciudadanamente en las elecciones.

A pesar de que el presidente Abinader anunció que, las designaciones serían a necesidad, se esperan y ojalá se hagan esfuerzos para que sean equitativas e igualitarias, es decir, adjetivadas justas, con gente joven y preparada: hay un cansancio desplazar personas que son “lo mismo”.

Y a propósito del siempre relegado cumplimiento constitucional de encaminar medidas hacia la igualdad, saludamos el nombramiento de una mujer joven y preparada en Interior y Policía, reclamado por algunos elementos del “fosilismo cultural interesado” en nombre de las capacidades que, seguramente por ser mujer, se reclaman en Faride Raful. (Como si quienes la antecedieron tuvieran capacidad alguna fuera de la de ser “cuadros políticos”).

A las mujeres hay que nombrarlas, porque las hay mucho más capaces que los designados históricos, y deben asumir el reto aunque tengan que enfrentar los ataques machistas, propios de estas sociedades decadentes, porque su participación en la toma de decisiones fortalece la democracia y la sociedad en general.

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Para ejemplo los ataques sexistas a la candidata presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris, lanzados desde el ultraconservadurismo del entorno de Trump, caracterizados por ser personales, degradantes, violentos y basados en la falsedad del perfil estereotipado en sus mentes retorcidas de que, una mujer, si llega, es porque fue fácil en favores sexuales.

En 2017, se adoptó en la región, La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las mujeres (OEA/ CIM, 2017), estableciendo como “violencia política contra las mujeres” cualquier acción, conducta u omisión, realizada en forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

El marco internacional nos compromete formalmente a través de la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), Ley 1-12, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con la participación plena de las mujeres, incluyendo su rol activo en el liderazgo en todos los espacios del poder político, además de la igualdad de oportunidades, para lograr sociedades más inclusivas e igualitarias que fortalezcan la democracia.

Recuerde presidente que, sin la participación efectiva de las mujeres, no tenemos estado de derecho porque sigue la marginación histórica de la mitad del país.