Las múltiples denuncias de irregularidades contra representantes del Ministerio Público en San Pedro de Macorís han crecido como una mancha sobre el Poder Judicial.

La Inspectoría de la Procuraduría General de la República había solicitado la suspensión del representante ante la Corte de Apelación, Roberto Encarnación, por la supuesta orden de excarcelar, estando en licencia médica, a dos acusados de violencia de género.

Y sobre las actuaciones de la fiscal Idalia Jiménez, abogados, periodistas, dirigentes comunitarios y representantes de otros sectores anunciaron una movilización en demanda de su destitución del cargo.

El ambiente no dejó más opción a la procuradora general de la República, Miriam Germán, que la de trasladarse a San Pedro de Macorís para tomar carta en el asunto. Su primera decisión fue relevar a Encarnación.

El cargo lo ocupará la adjunta Ramona Nova. El caso de Jiménez decidió estudiarlo antes de tomar una decisión. Los escándalos y quejas en San Pedro de Macorís exponen la necesidad de evaluar el perfil, con el propósito de efectuar una depuración, de cada uno de los miembros del Ministerio Público. No hay de otra.