Protocolos climáticos

Señor director:
En la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y las más importantes entidades ambientalistas del país, exigieron al Gobierno y a las empresas aplicar de manera urgente medidas que enfrenten el cambio climático.

La presidenta de la ADP, Xiomara Guante, leyó la declaración conjunta y representantes de las entidades se refirieron a los puntos contenidos en la Agenda Climática Ambiental.

Nnuestras autoridades son indiferentes al gran peligro de muerte que estamos corriendo y que ellas mismas atentan contra los parques nacionales y las demás áreas protegidas que son esenciales para nuestra sobrevivencia, permitiendo y haciéndose cómplices de la depredación que sufren nuestros bosques.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró como inconstitucional el decreto 371-11 que creó el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo, es injustificable atentando contra el sistema de áreas protegidas a favor de los intereses de la explotación forestal y de la megaminería.

El representante del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (AMELA), Rodolfo Gil Malagón, emplazó al gobierno a cumplir con la reducción de un 25% de las emisiones de dióxido de carbono para el 2030, tal como se comprometió en la COP 21 celebrada en el año 2015, en París, Francia.

Enrique de León, del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), enfatizó sobre la urgencia de cerrar las plantas a carbón y la conversión a gas natural de Punta Catalina. Si más de la mitad de la electricidad del país es generada en base al carbón, como ocurrirá cuando entre en operaciones Punta Catalina, será completamente imposible que la República Dominicana cumpla con el compromiso de reducir su huella de carbono.

De su parte, Euren Cuevas, representante del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), llamó a las autoridades a ratificar el Convenio de Escazú de participación en las políticas públicas, de acceso a la información y a la justicia en materia ambiental.

El representante de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal, expresó que la sentencia del Tribunal Constitucional constituye un antecedente nefasto contra el sistema de áreas protegidas de la República Dominicana, que desprotege las fuentes de agua que alimentan la presa de Monción, surten a los acueductos, sistemas de riego, las escorrentías superficiales y los acuíferos que garantizan la vida y la economía.

Atentamente,

Enrique de León